El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local propuso que la Defensoría Pública del Estado de México regrese como una instancia del Poder Judicial estatal, con la finalidad de garantizar una defensa efectiva de los derechos de las personas que se encuentran en un proceso penal o que ya tienen una sentencia.
El planteamiento que busca reformar Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Defensoría Pública, todas del Estado de México, es de la autoría del diputado Ariel Juárez, establece que el Instituto de la Defensoría Pública forme parte del Consejo de la Judicatura.
Juárez Rodríguez señaló que la impartición de justicia en el Estado de México es una asignatura pendiente, pues las autoridades policiales suelen cometer abusos y violaciones a los derechos humanos, lo que genera a la ciudadanía una percepción de mayor inseguridad, lo que obliga a que la Defensoría Pública deje de formar parte de la estructura del Poder Ejecutivo, el mismo que se encarga de procesar a los presuntos inculpados, por lo que no deben ser juez y parte.
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“Hemos sido conocedores de casos en los cuales los ministerios públicos han creado carpetas falsas para de esta forma la autoridad policial o investigadora justifique sus actividades de una política policial y de seguridad fallida, culpando en muchas ocasiones a personas inocentes”, manifestó.
Expuso que la situación se agrava cuando personas que no han cometido ilícito alguno son ingresadas a los centros de prevención y readaptación social a cumplir una condena o, en su defecto, les imponen una prisión preventiva oficiosa con la que pueden pasar años y nunca obtener una sentencia a falta de un defensor público o abogado que dé seguimiento a sus casos.
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Indicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial promovida por su presidente, Ricardo Sodi, y recientemente aprobada por la Legislatura mexiquense, incluye que la consulta que se realice a los pueblos originarios incorpore la Defensoría Pública para obtener elementos y tomar una decisión.
El también presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario apuntó la necesidad de contar con una Defensoría Pública más capacitada, mejor pagada y más profesional, lo que necesariamente debe pasar por una mejor retribución salarial y por un servicio civil de carrera, a fin de garantizar una defensa justa de quienes no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado.
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Añadió que el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense registró, al mes de julio de 2022, 11 mil 743 personas privadas de la libertad con menos de 2 años en prisión y sin sentencia y 693 con más de 2 años en prisión preventiva sin sentencia, lo que se complica por la falta de efectividad de las autoridades que han detenido a 11 mil 510 personas que han cometido delitos de alto impacto pero les fue dictada prisión preventiva oficiosa.
La iniciativa aún debe ser dictaminada en comisiones y después ratificada por el pleno cameral.