Alejandro Gómez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), omitió responder al cuestionamiento del morenista Gerardo Ulloa sobre la razón por la que la dependencia abrió una investigación relacionada con un bien nacional (el Viaducto Elevado Bicentenario) y por qué negó el acceso a la carpeta al imputado, el abogado Paulo Díez, acusado de la toma simbólica de la autopista.
Durante su comparecencia ante el pleno por la glosa del Cuarto Informe del actual gobierno, el funcionario minimizó la investigación “Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México” realizada por el organismo Amnistía Internacional, en que se concluye que la dependencia no investiga con la debida diligencia y viola los derechos de acceso a la justicia, la protección judicial, a la reparación justa y eficaz de las familias.
Ante diputadas y diputados que colocaron cruces rosas en sus curules como un símbolo de alta criminalidad de género en la entidad, el fiscal manifestó su disposición para instalar mesa de trabajo para los casos a los que alude el estudio. Sin embargo, aclaró que sólo se basa en el análisis de 4 asuntos en 14 años, con los que no se puede generalizar.
Justificó que las conclusiones no pueden ser las que se tuvieron, si se toma en cuenta que uno de los casos data de 2004, cuando ni siquiera estaba tipificado el delito de feminicidio; ni hablar de pérdida de evidencia por un asunto de 2015, pues el nuevo sistema de justicia (acusatorio, adversarial y oral) entró en vigor en 2016.
La respuesta tiene su origen en el cuestionamiento de varios diputados sobre éste análisis que detectó pérdida de evidencias, falta de investigación, perspectiva de género mal aplicada, y familias revictimizadas por la larga, costosa y peligrosa búsqueda de justicia.
El organismo consideró que esto ocurre porque falta compromiso y responsabilidad de la institución y sus servidores públicos, se requiere más y mejor formación especializada y mejores condiciones de trabajo, el personal tiene excesiva carga laboral y pocos recursos técnicos. También advierte que estas deficiencias no son exclusivas de los casos analizados, sino generalizadas.
El funcionario esgrimió que éste tema complejo no sólo compete a la Fiscalía, pues las facultades de ésta comienzan cuando el crimen se concretó, y también debe trabajarse en prevención, empoderamiento de las mujeres, entre otras materias.
Pese a que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en feminicidios, excusó que la tasa es de 1.08 por cada cien mil habitantes, y si bien la media nacional es de 1.02, con ello la entidad ocupa el decimotercero sitio. Aseguró que los crímenes de mujeres comienzan a ser contenidos porque aumentaron los feminicidios, pero disminuyeron 21% los homicidios dolosos de mujer.
Sobre la Ley de Amnistía, aclaró que este beneficio no significa reconocer la inocencia del procesado o sentenciado; aseguró que a propuesta de la Fiscalía se incorporó el supuesto de robo con violencia con beneficiario, de tal manera que 99% de los casos autorizados están relacionados con este delito. A la fecha, indicó, hay mil 526 solicitudes favorables.
Sobre las posibles violaciones a derechos humanos por personal de la dependencia, indicó que este año se han entablado en contra de la FGJEM mil 600 quejas y ninguna ha derivado en recomendación, aunque las hay de años anteriores y se están cumpliendo; también, dijo, se da seguimiento a los servidores públicos con quejas, muchas de las que son promovidas por mera estrategia de la defensa.
Sobre los resultados de la Encuesta de Victimización (ENVIPE) del INEGI 2021, que revelan que 70% de la población mexiquense de 18 años o más percibe la inseguridad como su mayor problemática, 75% de corrupción en la FGJEM y los MP´s y 72% en Policía Ministerial, admitió: “falta muchísimo, pero muchísimo, pero disminuyó 16% la tasa con respecto a la medición anterior” y la cifra negra aumentó 1% por la pandemia.
En su participación inicial, el fiscal ya había reconocido que la dependencia tenía muchas fallas, pero conminó a verlas como áreas de oportunidad; y afirmó que la Fiscalía no tiene color.