Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDH), estima que 48% de las personas privadas de la libertad en los penales del Estado de México (aproximadamente 15 mil 840 internas e internos de una población de 33 mil) deben ser excarcelados porque ya alcanzan los beneficios de preliberación y han cumplido con los requisitos establecidos por la ley para acceder a ellos.
Para facilitar este beneficio, PIDH sostiene mesas de trabajo con el Poder Judicial estatal, y durante la realizada este lunes fue informada sobre la concesión de nueve por beneficio (dos salieron esta semana) y 20 más solo tienen que presentar ante los juzgados correspondientes su solicitud.
José Humbertus Pérez, fundador y titular de la asociación civil, indicó que fueron promovidos 369 casos de PPL que han cumplido sus sentencias al 70% para alcanzar libertad anticipada y 50% para libertad condicionada, de tal manera que a quienes optaron por el sistema abreviado se les otorgó el localizador electrónico y para quienes tienen brazalete se pidió cambiarlo por otras medidas de vigilancia.
Pérez Espinoza planteó que en algunos casos les están denegando el beneficio porque los penales han suspendido plan de actividades por la pandemia, sin que esta decisión sea atribuible a los internos; aplazar la resolución con este pretexto, manifestó, es violatorio de los derechos humanos de los internos.
El activista recordó que de los cuatro presidentes del Tribunal Superior de Justicia el Estado de México (TSJEM) que han sido parte del sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial, el actual, Ricardo Sodi, ha manifestado disposición, pues apenas en 14 meses de gestión ha determinado la liberación por beneficios a alrededor de dos mil personas.
“PIDH ha sostenido que no se instaló y consolidó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y mucho menos el Sistema de Ejecución Penal… presentamos diversas denuncias que acreditan que se desviaron los recursos por más de 6 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP). Concretamente el Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México, denominado "Fideicomiso C3", con más de mil 800 millones de pesos que no se utilizaron para construir penales con poca población, propios del SJPA”, recordó.
En casi 13 años de la reforma para la Instalación y Consolidación del SJPA, prosiguió, no se ha instalado la base de datos de las PPL, el plan de actividades, y tampoco es un hecho la reinserción social en los penales del Estado de México, por lo que no se cumple con la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México (LVMC), expedida y publicada en la Gaceta del Gobierno el 6 de junio de 2015, que en su exposición de motivos señala:
“El uso indiscriminado de la prisión preventiva en México impacta de manera negativa al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, por lo que es necesario, la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva… De lo anterior se desprende que la prisión preventiva no es la única medida para asegurar la efectividad de la investigación y del juicio, más bien su uso excesivo acarreará altos costos sociales y económicos”.
Si los órganos jurisdiccionales del Estado de México aplicaran de oficio las jurisprudencias de la Corte IDH en materia de prisión preventiva, que son obligatorias y vinculantes para todas los jueces nacionales del país, advirtió, los penales del Estado de México no tendrían sobrepoblación de más de 33 mil internos.
Finalmente, confió en que las mesas de trabajo para los beneficios de libertades sea el inicio de la despresurización de los penales del Estado y que salga de las prisiones 48% de las PPL que ya cuentan con beneficios y que suman aproximadamente 15 mil 840 internas e internas de los más de 33 mil que son parte de la sobrepoblación penitenciaria.