Debido a que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía se han multiplicado los abusos en las cárceles para tramitar las liberaciones, la Legislatura mexiquense emitió un exhorto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México para que tome medidas, a fin de evitar estas conductas.
El diputado Enrique Sepúlveda recordó que el 5 de enero se expidió la Ley de Amnistía del Estado de México, con el objeto de despresurizar las prisiones otorgándole la libertad a quienes, ante la comisión de determinados delitos, no pudieron tener un acceso adecuado al sistema de procuración y administración de justicia.
“Desafortunadamente, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, estos mal llamados pagos necesarios se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen dádivas o pagos de extorsión mayores, pudiendo incluso ser objeto de golpes y actos de tortura sobre quienes no pueden o no quieren pagar”, denunció el legislador.
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Quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, dijo, han denunciado verbalmente que estos abusos ya son práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como autogobiernos, destacando en esta práctica los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla y Neza Bordo.
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El diputado denunció que tiene mención especial el Centro Preventivo de Readaptación Social “Lic. Juan Fernández Albarrán”, mejor conocido como Barrientos, donde a partir del cambio de dirección extrañamente las cuotas se han incrementado hasta en 3 veces su valor; prácticas que se están ejerciendo en contra de sus familiares privados de la libertad, que son quienes acaban pagando o sufriendo en carne propia las consecuencias de no hacerlo.
El congresista reprobó estas prácticas, pues la Ley de Amnistía del Estado de México se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia por falta de equidad y, al contrario, terminaron siendo víctimas de la corrupción que sigue imperando al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México.
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Por su parte, la investigadora Catalina Pérez Correa advirtió que cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para poder sobrevivir al interior de los centros penitenciarios, pudiendo ser aún mayor en caso de requerir de algún otro servicio, como el derecho a una celda, a un colchón o cobija, a comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual termina siendo pagado por sus familiares.
Las personas privadas de la libertad, expuso, se vuelven un negocio, pues pagan por uso de tarjeta telefónica 80 pesos, 120 pesos por alimentos, por televisión o equipo de audio de 800 a mil pesos, por el aviso de llegada de un familiar les piden 10 pesos y a esta cantidad se le suman de dos a cinco pesos por cada puerta que necesitan cruzar.
Adicionalmente, ahora con el llenado de supuestos formatos autorizados para realizar la petición de Amnistía, para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, autorización de correo electrónico para recibir las notificaciones manejados por las denominadas “mamás o jefas del cantón” se cobra entre los 500 y2 mil 500 pesos.
Al emitir el exhorto, se exigió a la Secretaría de Seguridad estatal que ponga mayor atención para evitar estos abusos y actos de corrupción, que los servidores públicos sean capacitados, y haya mejores estrategias que permitan atacar estas prácticas.