Diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Verde Ecologista (PVEM) e incluso de Morena se pronunciaron en contra de la propuesta del senador morenista Higinio Martínez para reducir el número de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses.
Al iniciar la discusión en las comisiones Electoral y de Legislación Municipal, los diputados acordaron convocar a especialistas e involucrados para que expongan sus puntos de vista sobre la propuesta, con el afán de tomar una decisión con mayores elementos, pues la oposición consideró que la justificación de disminuir mil millones de pesos al año en salarios es insuficiente.
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Durante la discusión, el priísta Juan Maccise aseguró que la reforma ocasionaría conflictos de representatividad, vulneraría los contrapesos en los ayuntamientos, afectaría el avance democrático, y consideró que el argumento de la austeridad es insuficiente para tomar esta decisión. La perredista Araceli Casasola aseguró que pondría en riesgo la pluralidad y el sistema de contrapesos, e indicó que las remuneraciones de los ediles en los municipios rurales son de por sí muy bajas como para pretender ahorros sustantivos con la decisión.
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La panista Ingrid Schemelensky acusó que pone en riesgo la democracia participativa, fragiliza las instituciones, propicia el bipartidismo, fortalece el presidencialismo y vulnera la rendición de cuentas. Omar Ortega, coordinador de la bancada perredista, acusó que se atenta contra la democracia representativa y participativa. La pevemista María Luisa Mendoza consideró que la iniciativa podría violentar principios de representación proporcional que pretenden proteger una expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en los cabildos.
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La morenista Elba Aldana consideró que la exposición de motivos arguye austeridad, pero no se respalda con ningún estudio técnico sobre los ahorros, no precisa montos ni a dónde reconducirlos, no refiere impacto en estructuras orgánicas en los ayuntamientos, entre otras razones.
En contraste, Maurilio Hernández, coordinador de Morena, consideró que muchos síndicos y regidores se han convertido en grupos de presión y poder para obtener beneficios particulares o partidarios. Aclaró que la iniciativa no busca atentar contra la figura legal del ayuntamiento, sino su eficacia, y terminar con prácticas inadecuadas o de abuso por parte de sus integrantes: “Quienes determinan el uso del gasto corriente en los ayuntamientos son los cabildos y tienen que ver con cuotas, porque se convierten en grupos de poder, de presión; se convierten en grupos de confrontación, a efectos de obtener un beneficio particular o partidario. Ese es el problema de fondo y es al que deberíamos apuntar, no al hecho de reducir a algún regidor o síndico, o que con eso se va a afectar la hacienda pública”, acotó.
Precisó que la reducción mantendrá a salvo el derecho de los ciudadanos a ser representados, pues no se está eliminando la figura de los síndicos y regidores de representación proporcional, sino ajustando el número para garantizar que cumplan su función y sean el soporte legislativo y de fiscalización en las administraciones municipales. También se pronunció por entrar a precisar “puntos finos”, con el afán de que la falta de información no sea pretexto para alargar la discusión.
El morenista Faustino de la Cruz Pérez detalló que la actual configuración de los ayuntamientos involucra a 1 626 ediles, que significan erogaciones de dos millones de pesos anuales por cada uno y un gasto total de 3 252 millones de pesos anuales. La reforma, indicó, permitiría ahorrar entre 1 300 y 1 500 millones de pesos por año fiscal.
Su correligionario Margarito González señaló que hay ayuntamientos con sueldos excesivos para síndicos y regidores, pero baja producción de políticas públicas, mientras la propuesta a discutir trastoca intereses políticos, sociales y económicos de quienes, en algún punto, aspiran a ocupar dichos cargos, pero es necesario someterse a un régimen responsable que evite los excesos.
Con estos argumentos, los integrantes de las comisiones involucradas acordaron convocar a especialistas e involucrados en el tema para que se tome la mejor decisión con elementos tangibles.