La Legislatura mexiquense, a través de la Diputación Permanente, pidió a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado de México implementar las medidas que garanticen atención médica, psicológica e instalaciones adecuadas para las mujeres en reclusión y sus hijos.
El punto de acuerdo fue promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) y aprobado por unanimidad; en él se reconoce que en los penales estatales para mujeres existe sobrepoblación, hacinamiento, no hay servicios médicos especializados en obstetricia y pediatría, ni instalaciones para la estancia digna de las internas -sobre todo las embarazadas- y sus hijos.
Las deficiencias, advirtió el albiceleste, son contrarias a las normas, pactos, convenciones y tratados internacionales, como lo reconoció la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
En la exposición de motivos, los diputados Ingrid Schemelensky y Enrique Vargas refieren que la Dirección de Prevención y Readaptación Social reporta 2 mil 092 mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios estatales a julio de 2020; 10 de ellas estaban embarazadas (una en Santiaguito, otra en Ecatepec, dos en Tlalnepantla y seis en Neza-Bordo).
Para el mismo año, la Codhem reportó 58 niños y niñas en centros de reinserción estatal: seis en Tlalnepantla, cuatro en Texcoco, 29 en Santiaguito, cuatro en Neza-Bordo, 10 en Ecatepec y cinco en Chalco.
Además se esgrime la falta de personal técnico especializado en trabajo social, psicología, educación, industria penitenciaria, criminología y psiquiatría para garantizar la reinserción social, lo que repercute psicológica y emocionalmente sobre todo en quienes no tienen visita familiar, íntima, ni contacto con amistades del exterior.
La Codhem también señala que la infraestructura penitenciaria es inadecuada, no hay atención médica oportuna ni suministro de vitamínicos apropiados para el embarazo.
El punto de acuerdo se respalda en una entrevista de la Codhem a una de las PPL en Chalco, en que la interna expone que llegó al penal embarazada, su hijo ya tiene 5 meses de edad pero no ha sido registrado ni recibido todas las vacunas, debe mandar traer pañales del exterior, el bebé enferma porque por economía debe cambiar la marca de la leche y la toma fría, y no recibe atención médica.
Ante este panorama, los diputados locales aprobaron, de urgente y obvia resolución, un exhorto a la Secretaría de Seguridad estatal y a la Subsecretaria de Control Penitenciario para que diseñen y materialicen estrategias que permitan subsanar las deficiencias enlistadas, a fin garantizar el derecho a la protección de la salud de las mujeres en reclusión y de sus hijos e hijas, haciendo prevalecer el interés superior de la niñez.
La solicitud incluye que las dependencias presenten al Congreso local un informe estadístico detallado y actualizado al año 2022 de las PPL en estado de embarazo o lactancia, de las niñas y niños que viven al interior de los Centros de Readaptación Social bajo el cuidado de sus madres, la infraestructura con la que cuenta cada centro penitenciario para su atención y las políticas públicas y recursos que implementan para otorgarles educación inicial, alimentación adecuada y vestimenta.