La Legislatura mexiquense inició el análisis de la propuesta de reforma que tiene por objetivo sancionar con hasta 8 años de prisión el robo y “hackeo” de teléfonos celulares.
Conforme a la exposición de motivos, la sustracción de este tipo de dispositivos genera una problemática social importante, debido a que los datos almacenados en ellos, generalmente personales e incluso delicados, pueden dar pauta a la comisión de ilícitos más graves.
En la actualidad, 90 por ciento de los robos en el transporte público son con violencia, y en estos se busca, sobre todo, dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, por las elevadas ganancias que deja su comercialización ilegal.
Tan sólo en México, se estiman más de 88 millones de usuarios de telefonía celular, de manera que el mercado potencial es enorme; además, hoy día nueve de cada 10 celulares son de los denominados “inteligentes”, más costosos que los tradicionales.
“Combatir la problemática social que genera el robo de telefonía celular, equipos de cómputo y dispositivos electrónicos, es propósito de la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México”, detalla la propuesta.
Conforme al planteamiento, será sancionado con entre dos y ocho años de prisión quien participe en el delito de encubrimiento por receptación de teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos.
Además, como el ciclo relacionado con el robo de celulares implica su recepción, modificación y venta ilegal, se plantea equiparar esta conducta al delito de encubrimiento por receptación, por el que se impondrán hasta tres años de cárcel y multa igual a tres veces el valor de los bienes.
La propuesta plantea, de igual manera, que los ayuntamientos no autoricen la venta de dispositivos celulares en vía pública, en puestos fijos o semifijos, mercados y centrales de abasto.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y Administración Municipal, los diputados locales señalaron que en México al menos un miembro de los casi dos millones de hogares fue víctima de asalto en 2022.
Los legisladores acordaron solicitar la opinión y aportaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para enriquecer la propuesta antes de dictaminarla.