La Legislatura local, a través de la Diputación Permanente, urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a investigar y sancionar el asesinato de los activistas ambientales Álvaro Arvizu Aguiñaga y Cuauhtémoc Márquez Fernández en la región de los volcanes, ocurrido en junio pasado.
A propuesta de la diputada morenista Beatriz García, el llamado es también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México para inscribir a las familias de los defensores en el Registro Estatal de Víctimas.
A través de un punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución, los diputados llamaron al fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, a investigar los crímenes, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y sancionar a todos los responsables.
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También exhortaron a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Tlalmanalco a presentar al Congreso local un informe de los programas y las políticas públicas que haya realizado con la finalidad de garantizar, proteger y promover los derechos humanos.
El exhorto detalla que Álvaro Arvizu Aguiñaga fue un defensor de derechos humanos que se dedicaba a coordinar el área agroecológica para la sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), centro que es base del programa Sierra Nevada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde realizaba una destacada labor de muy diversas áreas que iban desde la academia hasta el trabajo de campo.
En tanto, Cuauhtémoc Márquez Fernández, doctor por la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, dedicaba sus investigaciones a la agroecología y apicultura, también fue defensor del derecho humano a un medio ambiente sano, y sus personas más cercanas lo reconocen como un duro crítico del sistema, solidario y siempre dispuesto a compartir su conocimiento.
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García Villegas recordó en su exhorto que el pasado 12 de junio un grupo de civiles armados abrió fuego contra la casa del defensor Cuauhtémoc Márquez Fernández intentando asesinarlo justo cuando se dirigía a ratificar una denuncia de una agresión previa; en el ataque resultó herido y, posteriormente, perdió la vida en las instalaciones del Hospital de Zentlalpan Amecameca.
Un día después, el martes 13 de junio, un grupo de civiles ingresó con uso de violencia a las instalaciones del Centro Centli en busca de Álvaro Arvizu Aguiñaga, sometiendo, amagando y agrediendo a sus compañeras y compañeros, mientras que al defensor lo golpearon hasta dejarlo en terribles condiciones para posteriormente huir del lugar. El activista perdió la vida el 19 de junio a consecuencia de los golpes que sufrió.
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Ambos crímenes, alertó la morenista, forman parte de los altos índices de delincuencia que vive la región, donde “las personas defensoras del Medio Ambiente integran una categoría sospechosa de discriminación en materia de derechos humanos basada en la labor que realizan”.
Tan solo en 2022, recordó, 24 personas defensoras fueron asesinadas; al menos siete de ellas con la presunta participación de agentes del Estado; en el mismo plazo, también se registraron 582 agresiones de diverso tipo contra este sector a nivel nacional.
Su correligionaria Carmen de la Rosa apeló a sus compañeros de curul a sumarse a la exigencia de justicia, no repetición y reparación del daño, para proteger a los defensores de derechos humanos, pues “son ellos los que están en el campo defendiendo los derechos de todos nosotros”.