Abogados de Raúl Romero Zenizo, quien se ostenta como propietario de 102 hectáreas en que se construyen las obras de amortiguamiento del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, entablaron denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por presunta falsificación de documentos y uso de documento falso, debido a que se niega a reconocer la propiedad privada y, con ello, entregar la debida indemnización.
Pablo Hernández-Romo y Rafael Avala Pasten, representantes jurídicos del supuesto propietario, acusan a Meyer Falcón de engañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a las autoridades judiciales para incumplir la orden de indemnizar a los propietarios de los predios, lo anterior, debido a que el decreto, promulgado el 26 de abril de 2019, declaró terrenos de San Miguel Xaltocan, ubicados en el municipio de Nextlalpan, como nacionales, sin consultar al Instituto de la Función Registral del Estado de México que tiene bien acreditada la posesión particular.
Hernández-Romo afirmó que tan sólo su cliente, Raúl Romero Zenizo, es dueño de 12 hectáreas ubicadas en el polígono 1 y de 90 en el polígono 3 de la zona de amortiguamiento, como se acredita con documentos públicos de 1970 y 1975, y documentos del registro público de la propiedad, mientras la ley agraria establece que no puede declararse como público un terreno que es propiedad privada.
La denuncia penal entablada el 8 de marzo de 2021, también señala al subsecretario David Ricardo Cervantes y a María Esthela Ríos González, directora de la Propiedad Rural.
Por su parte, Rafael Avala Pasten recordó que desde 2019 se promovió el Juicio de Amparo 1537/2019-III ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México (Cdmx) y ya solo se está en espera de la emisión de la sentencia de un juicio de amparo en el que incluso se había concedido la suspensión, aunque ésta se revocó bajo el argumento de que se trata de una obra de interés general.
Afirmaron que el juez quinto de distrito de materia administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ha reconocido como debidamente acreditada la propiedad de los terrenos, mientras el peritaje rendido por la FGR ha confirmado que las tierras de su representado se encuentran dentro de la franja de amortiguamiento.