El grupo parlamentario de Morena propuso reformar el artículo quinto de la Constitución local, con la finalidad de que la educación superior en el Estado de México sea obligatoria.
El diputado Benigno Martínez, presidente de la Comisión de Educación y promotor de la iniciativa planteó, además, que corresponda al Estado su observancia y que, en conjunto con las autoridades federales, el gobierno de la entidad establezca políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de los estudiantes de este nivel.
A partir de las modificaciones, que aún serán analizadas por las comisiones de dictamen, además, el Estado deberá proporcionar los medios de acceso a la educación superior a quienes cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas correspondientes.
El morenista indicó que el objetivo de la propuesta es cumplir con la agenda 2030, en la que se establece el deber de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
También, expuso, se busca armonizar la ley local con las recientes reformas a la Constitución Política federal y con el Pilar Social del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que ordena una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
Para asegurar la pertinencia de la educación que cubre este derecho, expuso, el Estado realizará y fomentará la investigación en educación que brindará el conocimiento requerido como insumo para el diseño, desarrollo y evaluación de la política pública en materia de educación.
Además, todos los programas educativos que implemente el Ejecutivo tendrán como base estudios diagnósticos de la realidad que pretenden impactar y serán objeto de evaluación en forma permanente, cuyos resultados, además de ser públicos, determinarán su eficiencia, pertinencia y, por lo tanto, su continuidad operativa y presupuestal.
En este sentido, enfatizó, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) deberá poner especial atención en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece a la población de la entidad, función social originaria, caracterizada por el compromiso social y la producción del conocimiento, mientras que, en apoyo a la educación a lo largo de toda la existencia de las personas, “el Estado creará la Universidad de la vida”.
Adicionalmente, todo el personal docente que labore en el Sistema Educativo Estatal debe ser reconocido salarialmente “con base en un catálogo homologado con la federación, y siempre actualizado, de plazas y funciones efectivamente desempeñadas. No se obligará a ningún docente a realizar actividades ajenas a su labor pedagógica, incluidas las actividades políticas a favor de algún partido”.
De manera complementaria, “todas las instituciones educativas del Estado y privadas ubicadas en la entidad mantendrán constante comunicación para la valoración y mejora del servicio que se oferta a la población. Se revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de fortalecimiento académico en general, para lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia”.
Martínez García consideró necesaria la reforma porque “en el Estado de México, el rezago educativo en la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica obligatoria fue de 29.6% en 2015 y, en promedio, ocho de cada 10 niñas y niños de 6° de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación”.