Para evitar que en el Estado de México se presenten hechos de violencia como los ocurridos en el estadio Corregidora de Querétaro el 5 de marzo pasado, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar el Código Penal del Estado de México a fin de sancionar con 5 años de prisión estas conductas cuando se produzcan lesiones.
El diputado Sergio García Sosa, autor de la iniciativa, consideró necesario tipificar y perseguir de oficio el delito de violencia en eventos deportivos con penas de hasta cinco años de prisión en contra de la persona que produzca lesiones o daños a cualquier integrante de los grupos de animación o espectador.
También prevé de dos a cuatro años de prisión para el espectador que antes, durante o después de un evento o espectáculo deportivo, ejecute o incite a otros a practicar dentro del estadio o espacios deportivos, así como sus áreas comunes, estacionamiento o calles inmediatas al recinto del evento, actos que causen daño a las personas o sus bienes.
Ante el panorama de violencia que se vive en el país, García Sosa indicó que la intención de las modificaciones es impedir que se replique lo ocurrido en el Estadio Corregidora durante el encuentro entre el Querétaro y Atlas, donde un enfrentamiento entre porras dejó como saldo 26 personas heridas.
Este hecho, consideró, aunado a que en la mayor parte de mundo los espectáculos atraen a un gran número de espectadores, obliga a regular esta clase de espectáculos para evitar que se presente violencia, caos, descontrol e impunidad.
Las competencias deportivas, consideró, deben desarrollarse bajo los principios de respeto, fraternidad, lealtad y sana convivencia, fomentando entre jugadores o deportistas y espectadores el correcto comportamiento y la cordialidad.
La práctica del deporte, dijo, debe ser entendida como instrumento para fomentar la salud física, cultivar los valores humanos y el esparcimiento social, por lo que es imperativo garantizar que los lugares en que se desarrollen sean recintos seguros.
La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y, con base en ello, dictaminada.