Con la propuesta de reforma de la Fiscalía mexiquense para que pueda actuar de oficio cuando presuma que los grupos criminales controlan la economía de alguna región, se pretende que las autoridades asuman la carga del miedo y riesgo que representa a los ciudadanos denunciar la intervención de los grupos criminales en el mercado.
Así lo aclararon Maricela Xicoténcatl, fiscal central jurídica; Alfonso Silva Meza, director general jurídico consultivo; Rubén Cárdenas Mérida, subdirector de normatividad; y Elvira Salgado, coordinadora general de integración de la FGJEM, al reunirse con las comisiones que dictaminarán la iniciativa para resolver sus dudas.
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La fiscal jurídica explicó que tipificar el delito contra el consumo nace de la necesidad de combatir nuevas formas delictivas, pues en la entidad se ha identificado a personas que se hacen pasar por integrantes de grupos criminales para que pequeños comerciantes compren la mercancía con determinados proveedores y al precio que ellos impongan.
También obligan a vender y comprar los productos con las personas que ellos determinan, bajo amenaza de que, de no realizar lo que se pide, tomarán represalias contra su negocio, familia o ellos mismos, lo que inhibe la denuncia.
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La propuesta, indicó, rompe el paradigma clásico de que los delitos contra la economía son delitos de cuello blanco, pues no sólo las grandes empresas o corporativos manipulan las condiciones de mercado, ahora son grupos criminales los que atentan contra la economía de los ciudadanos mexiquenses, lesionando su economía familiar.
Además descartó la posibilidad de perjudicar a los comerciantes con la medida, pues se entiende que es el sujeto pasivo y es quien se intenta proteger.
“Estamos legislando un delito, la lesión, que es la amenaza, la coacción, que no se combate por temor; es decir, tratamos de quitar la carga al ciudadano de a pie y trasladarla a las autoridades”, manifestaron los funcionarios.
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En tanto, la coordinadora general de integración consideró viable el nuevo tipo penal; expuso que para acreditarlo se partirá de una prueba reina: la pericial en materia de estudio de mercado, pues no es lo mismo comprar el mismo producto en una localidad que en la ciudad.
De esta manera, indicó, la investigación no dependerá de un testimonio, sino de un análisis de mercado cuando se detecte alza de precios desproporcionada, y sobre la marcha la investigación se irá nutriendo con otras pruebas, como las científicas o periciales, todas válidas siempre que sean lícitas. “Todo elemento es útil para acreditar un hecho punible”, refirió.
Para resolver las inquietudes de los legisladores Ariel Juárez de Morena y Adrián Juárez del Partido Acción Nacional (PAN) en el sentido de que la nueva tipología se puede prestar a corrupción y a que paguen justos por pecadores, los funcionarios afirmaron que los supuestos establecidos son claros; si no se cumplen, indicaron, no habrá delito.
También manifestaron que los acusados tendrán derecho a defenderse y el juez velará porque tengan una defensa técnica adecuada.
La iniciativa, según expusieron, fue elaborada por la FGJEM en conjunto con miembros del Poder Judicial y la Secretaría de Desarrollo Económico para mayor precisión técnica y funcionalidad.
Otras observaciones fueron realizadas por el priista Braulio Álvarez, quien consideró necesario especificar responsables de realizar el estudio de mercado y sus criterios, porque en la redacción resulta ambiguo; y por la emecista Juana Bonilla, quien sugirió precisar lo que se debe entender por unidad económica, pues el INEGI cuenta con un amplio catálogo que parte de los establecimientos fijos y en norma.