Feministas del Estado de México impulsoras de la Ley Olimpia denunciaron que la diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión para las Alertas por Violencia de Género, sólo utilizó su agenda para posicionarse, pero sin reconocer el trabajo de la sociedad civil, sin entender la raíz de la propuesta, y sin dar seguimiento a sus avances para garantizar que sea operante.
Además, remitieron a la Legislatura local un pliego de demandas y pidieron ser incluidas en el debate para enriquecer el marco normativo en favor de las mujeres y para erradicar la violencia de género.
“Lamentamos que diputadas y diputados, como Karina Labastida, tomen nuestros textos para enarbolar la agenda legislativa sin nosotras, y sin entender la raíz y reconocer el esfuerzo de las feministas”, dijeron.
También aclararon que no se trata sólo de legislar, sino se requiere compromiso del estado y la sociedad también para generar un cambio cultural, implementar políticas públicas y adaptar la norma a las nuevas necesidades.
En el caso de la Ley Olimpia, indicaron que en 2021 y 2022 en el Estado de México se presentaron 16% de los casos de violencia digital del país, con lo que se convirtió en la segunda entidad en incidencia a nivel nacional, con 120 agresiones detectadas tan sólo en uno de los 245 mercados estatales de explotación sexual (páginas o espacios virtuales de packs), según el Frente Nacional para la Sororidad.
*Indicaron que en los últimos tres meses 53 mujeres mexiquenses fueron víctima de violencia digital. Chalco, Texcoco y Toluca encabezan la incidencia, al concentrar 13.4% de los casos cada uno; Tlalnepantla tiene 7.4%, Metepec 5.9% y Chimalhuacán 4.4%, por mencionar los primeros lugares.*
Como resultado de la Ley Olimpia –*que sanciona la violencia digital-, lamentaron, a la fecha no hay una sola sentencia, tampoco seguimiento de los casos ni a las reformas, y menos reportes de la Policía Cibernética, cuando lo ideal sería evaluar los avances y alcances cada seis meses.*
Por eso, plantearon reformar la ley para obligar una campaña de prevención, la creación de protocolos de atención, el vínculo con instancias de procuración y administración de justicia, sugerencias para evitar la revictimización, y capacitación, pues a la fecha los agentes del Ministerio Público (MP) desconocen la norma.
Aprovecharon para hacer votos porque el cambio de fiscal no repercuta en el acceso a la casi nula justicia en materia de violencia de género.
Finalmente, aclararon que las causas de las mujeres no son un botín político. “Las mujeres no somos propiedad de una campaña política, no existimos solo el 8 de marzo o 25 de noviembre, no podemos ser convocadas sólo en tiempos electorales”, concluyeron
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