La mayoría de los integrantes de la Diputación Permanente de la LX Legislatura mexiquense exigió la separación inmediata de Maribel Cervantes Guerrero como titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el fin de facilitar la investigación del supuesto suicidio de Arturo “N”, a quien se detuvo como presunto homicida de Luis Miranda Cardoso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
A través de un pronunciamiento suscrito por los legisladores morenistas Max Correa, Gerardo Ulloa, María de Jesús Galicia, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco y Benigno Martínez, y las petistas Imelda López y Martha Delgado, también se condenó el asesinato de Miranda Cardoso y exigió a la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) “una profunda investigación con relación a los hechos, haciendo pública toda la información al respecto”.
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Los diputados recordaron que el 11 de agosto, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular de Toluca, fue localizado sin vida el cuerpo del exmagistrado Luis Miranda Cardoso, quien fuera presidente del Poder Judicial estatal durante el mandato de tres gobernadores, lo que consternó a la opinión pública y a la clase política mexiquense. El 16 de agosto, prosigue, tras una “eficiente investigación”, y en cuestión de horas, la FGJEM determinó la presunta responsabilidad de Arturo “N” y se dio cuenta de su ingreso al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, por el presunto delito de homicidio.
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Luego de que la autoridad judicial conociera la situación jurídica de Arturo “N”, le fue decretada prisión preventiva, pero dos días después, la mañana del 18 de agosto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, instancia responsable de la administración de los centros penitenciarios de la entidad, difundió mediante una tarjeta informativa que Arturo “N” había sido encontrado sin vida en su celda y aseguró que “se iniciaron indagatorias al respecto”.
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Para la Diputación Permanente, Arturo “N” no era un interno común, sino el probable responsable del homicidio de un hombre que presidió uno de los poderes de la entidad mexiquense y padre de un político del más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, “quien ha sido relacionado en distintas actuaciones de dudosa legalidad y presuntos actos de corrupción”. Por el contexto y circunstancias que sobre su persona recaían, expusieron, debió tenerse especial cuidado para garantizar la integridad personal de este hombre.
El artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indicaron, refiere que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, y a partir de que una persona es privada de la libertad, pasa a ser tutelada y vigilada por el Gobierno estatal, el cual debe garantizar todas las condiciones necesarias para preservar la vida, seguridad, salud, etcétera.
Además, el catálogo de 25 principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en Las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que estas tienen derecho a un trato humano, a la protección de la ley, a la salud, alimentación, las cuales, al parecer, no se respetan en los centros de reclusión mexiquenses.
Los legisladores aprovecharon para reprobar y condenar los hechos de corrupción, tráfico de influencias y el amiguismo que impera dentro del sistema penitenciario, como se evidenció en este caso.