El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense acusó a la secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, de contratar a la empresa de papel Broxel, pilar de la Estafa Maestra e involucrada en los Panama Papers, para distribuir los recursos del salario rosa.
Los diputados Isaac Montoya y Daniel Sibaja apuntaron que la funcionaria construye una estructura proselitista paralela denominada Procura, encabezada por José Eduardo Flores Marín, subsecretario de Desarrollo en el Valle de Toluca, quien condiciona a las beneficiarias de la tarjeta rosa la entrega del apoyo a cambio de asistir a los eventos del gobernador y apoyarlo con comentarios favorables a través de redes sociales.
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Las reglas de operación del programa estrella de la administración estatal, destacó, incluyen la participación de las beneficiarias en actividades comunitarias, por lo que le pidió clarificar en qué consisten.
“Por ética, renuncie”, conminó Montoya Márquez durante la comparecencia de Del Moral Vela ante la Legislatura local para la glosa del quinto informe del gobernador Alfredo de Mazo, al considerar que utiliza la dependencia para su campaña por la gubernatura, disfrazada de entrega de programas clientelares.
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Indicó que promociona su imagen, no el programa, mediante la colocación de espectaculares en las principales vialidades del territorio estatal, además utilizando las iniciales del presidente de la República para allegarse simpatías.
Recordó que la propia secretaria reconoció el pasado 8 de agosto en entrevista con un medio nacional que no solo quiere la candidatura, sino la trabaja y la construye, por lo que se puede esperar un uso electoral de los programas sociales.
En su turno, Alejandra del Moral, una de las tres contendientes internas por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofreció responder por escrito los cuestionamientos administrativos, pero no así los políticos, pues a la comparecencia de este jueves por la tarde asistió en su calidad de secretaria.
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Al dar respuesta a otros cuestionamientos, la funcionaria afirmó que ha atendido todas las observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) al salario rosa desde 2019, y sólo está a la espera de los resultados finales que emita el auditor sobre los 2 mil 500 millones (la cuarta parte del total del presupuesto asignado a la tarjeta) observados en 2021. “No hay sanción por uso indebido de recursos u otra causa”, afirmó.
Adicionalmente, expuso, el programa es auditado por la Secretaría de la Contraloría, con lo que se convierte en el más fiscalizado de la historia de la entidad.
Presumió que el apoyo económico del salario rosa, a razón de 2 mil 400 pesos bimestrales, equivale a 34% de los ingresos de las beneficiarias; dijo que 31% de las 575 mil mujeres que han recibido la tarjeta habitan en municipios indígenas.
Insistió en que los programas sociales estatales no tienen finalidad electoral; todos, aseveró, son para el combate a la pobreza, de manera que no se ha presentado una sola denuncia por parte de los más de un millón de beneficiarios.
Adicionalmente, indicó, los apoyos siguen las recomendaciones de la ONU y la CEPAL, cumplen con las reglas de operación, son transparentes y públicos en el portal de la Secretaría y cualquier persona tiene acceso a los datos, se brindan sin intermediarios a las zonas de atención prioritaria, indígenas y grupos vulnerables.