Las comisiones de Gobernación y Procuración y Administración de Justicia en el Congreso mexiquense avalaron reformas al Código Penal del Estado de México con la finalidad de plantear penas más severas para el delito de tala ilegal, sancionar el uso de menores de edad en su comisión y a los servidores públicos que la consientan o faciliten los cambios de uso de suelo de forma injustificada sobre un área natural protegida.
La iniciativa, en su momento presentada por el diputado morenista Margarito González, plantea tipificar como graves los delitos cometidos en contra del medio ambiente.
De ser ratificada por el pleno, serán sancionados con entre 12 y 20 años de prisión y de mil 500 a tres mil días de multa los autores intelectuales, instigadores, personas que obtengan un lucro indebido o que controlen o inciten a menores de edad para cometer el delito de tala de árboles.
Además, se castigará con entre cinco y 15 años de prisión y de quinientos a mil días multa al servidor público que de forma ilegal consienta o participe en la comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques.
De igual manera, se impondrán de 12 a 20 años de cárcel y entre mil 500 y tres mil días de multa al servidor público que autorice el cambio de uso de suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin que exista causa de excepción justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
María Mercedes Colín, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aclaró que estas modificaciones no van encaminadas a sancionar a la “gente humilde que usa las ramas secas para preparar sus alimentos, pues en las comunidades muy marginadas los pobladores usan todavía la leña con fines domésticos”, sino a los grupos organizados.
Además consideró que difícilmente se tendrá que hacer valer la nueva norma en el caso de los servidores públicos que realizan el cambio de uso de suelo porque en el caso de las áreas naturales protegidas solo son el gobernador y el presidente de la República quienes pueden hacerlo.
La reforma anterior, justificó, tuvo por objeto sanear los árboles con plaga, debido a que no se permitía ni siquiera a los ejidatarios cortarlos.
En el Estado de México, hay cinco zonas consideradas críticas por la tala ilegal: el Nevado de Toluca, que incluye a municipios como Zinacantepec, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras y Sultepec; la Ixta-Popo, con Amecameca, Ozumba y Ecatzingo; la Cobio-Cruces, con Ocuilan, Xalatlaco, Santiago Tianguistenco, Xonacatlán y Otzolotepec; la subcuenca de Valle de Bravo, con Valle de Bravo y Temascaltepec, y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en el área colindante con Michoacán.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte que se explotan 25 metros cúbicos de madera por semana para el autoconsumo, práctica que se origina en la pobreza de los habitantes de estas zonas, por lo que sugirió fortalecer los proyectos productivos para ayudar a este sector de la población a que abandone esa actividad.
La reforma aún debe ser votada por el pleno, donde sin embargo se espera también sea aprobada.