Tras una reunión con los diputados promotores, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., anunció que se están agilizando los trabajos para que en octubre sea posible la aprobación de la Ley de Amnistía y Justicia Penal del Estado de México.
La norma, explicó, ampliará sus horizontes con el afán de brindar alternativas de beneficio para los casos de falsos culpables o inocentes injustamente procesados por delitos de alto impacto, aunque no necesariamente sea a través de la amnistía.
Durante el encuentro, donde estuvieron presentes los diputados Max Correa, Gerardo Ulloa y Mariana Uribe, también se planteó la posibilidad de un acercamiento con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en busca de convencer a los coordinadores de todas las bancadas acerca de la importancia de devolver la libertad a, al menos, 13 000 internos en penales mexiquenses que no cometieron los delitos imputados.
A los legisladores se les explicó que también hay falsos imputados por delitos graves que fueron criminalizados por el hecho de ser pobres, ignorantes, por su color de piel o por no prestarse a la corrupción que impera en el sistema de procuración y administración de justicia. Además, sus procedimientos estuvieron plagados de irregularidades que van desde la falta de informe policial homologado, incumplimiento de la carrera ministerial y judicial y, por lo tanto, falta de certificación de los operadores, prácticas de tortura, procesamiento y sentencia con una sola imputación, y el hecho de que los recursos para poner en marcha el sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial nunca fueron empleados para este fin ni fiscalizados.
En estas anomalías, que dieron como resultado que el nuevo sistema de justicia naciera muerto, señaló Pérez Espinoza, se encuentran involucrados actores de todos los partidos políticos y los tres Poderes del Estado, por lo que resulta necesario que se responsabilicen y corrijan los errores. En la reunión, también se habló de la posibilidad de que la amnistía incluya, como beneficiarios, a detenidos, procesados y sentenciados a partir de la transición del sistema de justicia a la fecha, y de agilizar la puesta en marcha de la libertad condicionada y anticipada.
Para que así ocurra, se propuso ampliar los alcances de la ley, de tal manera que no sólo se remita a la amnistía; de esta manera, seguirá vigente, a pesar de la conclusión de la actual Legislatura, dando oportunidad de solucionar la falta de funcionalidad y operatividad del nuevo sistema de justicia.