Reforma con enfoque de justicia social
El Congreso mexiquense aprobó reconocer como beneficiarios prioritarios de los programas y servicios de asistencia social a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio o dependientes de víctimas de desaparición, hasta los 25 años de edad, siempre que acrediten estudios en curso y no tengan vínculos matrimoniales.
La iniciativa, impulsada por la diputada morenista Brenda Colette Miranda Vargas, modifica la Ley de Asistencia Social del Estado de México como un acto de justicia y reparación institucional ante una de las consecuencias más dolorosas de la violencia estructural.
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Protección y continuidad educativa
El dictamen establece que la disposición busca garantizar no sólo la protección, sino también el derecho a continuar la formación académica hasta los 25 años, reconociendo que los procesos de duelo y reorganización familiar pueden retrasar el trayecto educativo de las víctimas indirectas.
“Esta disposición busca reconocer no sólo el derecho a ser protegidos, sino también a continuar con su formación académica...”, señala el documento aprobado.
Contexto de violencia y desamparo
En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 852 presuntos feminicidios en el país, de los cuales 85 ocurrieron en el Estado de México.
Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 13 mil mujeres desaparecidas en territorio mexiquense entre 1964 y 2024, muchas de ellas con hijas e hijos que quedaron en situación de vulnerabilidad extrema.
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Reconocimiento pendiente del Estado
La diputada Miranda Vargas afirmó que la reforma responde a las observaciones derivadas de las Alertas de Violencia de Género por feminicidio y desaparición, y representa una respuesta institucional mínima ante el daño causado.
“Esta iniciativa parte de un principio de justicia restaurativa que el Estado tiene pendiente con ustedes y con todas las víctimas que merecen verdad, justicia y acompañamiento”, expresó ante familiares presentes en la sesión.
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Reparación y reconocimiento
Miranda Vargas subrayó que esta “dolorosa y creciente realidad” exige que el Estado reconozca a las hijas e hijos de las víctimas como beneficiarios prioritarios de todos los programas, acciones y servicios de asistencia social.