El Congreso del Estado de México aprobó endurecer las sanciones contra la tala clandestina, estableciendo penas de hasta 110 años de prisión para quienes cometan este delito.
La reforma al Código Penal estatal surgió de dos iniciativas: una presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otra por la gobernadora Delfina Gómez, con el objetivo de disuadir actividades ilícitas que afectan el medio ambiente.
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El dictamen establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de mil a mil 500 días para quienes, sin autorización, realicen, ayuden, cooperen o participen en la tala, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización o destrucción de productos forestales.
Si la destrucción es consecuencia directa de la tala de árboles sin permiso, la sanción aumentará a entre 15 y 25 años de prisión, con multas de dos mil a tres mil 500 días.
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Además, las penas serán de 15 a 25 años de prisión y multas de dos mil a tres mil 500 días para autores intelectuales, instigadores y quienes obtengan lucro indebido, así como para quienes utilicen a menores de edad o adultos mayores para cometer el delito.
La misma pena se aplicará cuando el delito se cometa en áreas naturales protegidas, con violencia o con armas prohibidas.
Por otro lado, quien deteriore de forma intencional un inmueble declarado área natural protegida enfrentará penas de cinco a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 días.
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La diputada Vanessa Linares destacó que la reforma no solo incrementa las penas, sino que también amplía la protección de grupos vulnerables y de zonas ecológicas.
Por su parte, la priista Leticia Mejía hizo un llamado a fortalecer las atribuciones de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) para combatir eficazmente la tala ilegal, como propuso en su iniciativa del 8 de octubre de 2024.