La Legislatura mexiquense solicitó al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno federal (Sedatu) dar seguimiento a las solicitudes de los núcleos agrarios mexiquenses que han cumplido con los requisitos para incorporarse al programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA).
La diputada priísta Iveth Bernal, promotora del punto de acuerdo, aseguró que la finalidad del llamado es garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y, con ello, que los comuneros y ejidatarios mexiquenses puedan regularizar y proteger los derechos de propiedad, evitar conflictos y facilitar el acceso a programas de apoyo y fuentes de financiamiento que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La legisladora indicó que de las 2.25 millones de hectáreas que componen el territorio estatal, casi 1.1 millones corresponden a la propiedad social, la cual se distribuye en 1 235 ejidos y comunidades, ubicando a la entidad en el décimo primer lugar a nivel nacional por número de núcleos agrarios.
Bernal afirmó que los propietarios enfrentan conflictos que limitan el pleno dominio de sus parcelas, como los relacionados con la posesión parcelaria, los límites, el aprovechamiento, acceso y conservación de tierras de uso común, la asignación de derechos y la certificación de tierras comunales o ejidales.
Por ejemplo, expuso, en 2019, el ejido Piedra Grande del municipio de Luvianos solicitó su incorporación al programa RRAJA, con la finalidad de fraccionar el ejido en parcelas individuales y adquirir los documentos que definen de manera precisa lo que le pertenece a cada ejidatario; sin embargo, su solicitud no ha recibido respuesta.