Como un mecanismo para frenar los 23 asaltos que ocurren todos los días en el Estado de México a bordo del transporte público, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó equiparar este delito al de la privación de la libertad y con ello aumentar la pena hasta a 20 años de prisión.
El diputado Omar Ortega, coordinador de la bancada, consideró que ser víctima de un asalto en el transporte público es también una manera de privar de la libertad a los usuarios, que ya no se mueven con normalidad por territorio estatal, ante el temor de sufrir este ilícito, y porque se les retiene en las unidades mientras se concreta el robo.
Recordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta que en 2021 se cometieron 15 mil 758 asaltos a bordo del transporte público colectivo o individual en el país, pero el Estado de México concentró más de la mitad de estas denuncias, con 8 mil 421.
Este delito, que ocurre mayormente en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec, Nicolás Romero y Tlalnepantla que llegan a concentrar hasta 20 de los 23 diarios, expuso, afecta la integridad física de los usuarios, su economía, viola el derecho constitucional a la movilidad y, en ocasiones, les cuesta la vida.
Por estas razones, indicó que con la reforma quedará establecido que cometerá el delito de privación de la libertad quien retenga a otra persona por el tiempo indispensable para cometer el delito de robo en las unidades de transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas clases y modalidades, transporte de personal, de turismo o escolar.
En estos casos, las penas irán de 15 a 20 años de prisión en contra de quien cometa el delito de robo en transporte público o privado de pasajeros, en sus diferentes modalidades, con la agravante de privación de la libertad.
La iniciativa se remitió para su análisis y dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.