Al considerar que su figura jurídica indefinida ha permitido el desarrollo de una actividad lucrativa al amparo de los permisos tramitados por el Estado, el grupo parlamentario de Morena a nivel local propuso crear un marco jurídico que regule los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM).
El diputado Ariel Juárez, presidente de la Comisión del Sistema Penitenciario, destacó la necesidad de que las autoridades estatales cumplan la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea la emisión de un Manual Interno de Operación, y que se reforme la Ley de Seguridad del Estado de México para que incluya mecanismos de supervisión a la corporación.
“Queremos darle figura jurídica y legal a los CUSAEM, que en estos momentos no la tienen y no la han tenido durante más de cuatro décadas. No es mi intención pedir que desaparezca, sino que se regule y que no se perjudique a los activos y a los jubilados”, aclaró.
El morenista aclaró que esta medida de ninguna manera pondrá en riesgo las pensiones de los ex trabajadores, pues se encuentran garantizadas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
El legislador indicó que no ha recibido respuesta del secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis, a quien pidió, durante la glosa del quinto informe de gobierno, clarificar si los CUSAEM pertenecen a la estructura del Ejecutivo estatal, pues las omisiones han provocado que la corporación se encuentre en constante observación.
El morenista consideró que existe opacidad en el manejo de la información, faltan marcos legales que brinden certeza jurídica en el actuar de los CUSAEM, cuya actividad lucrativa no ha podido ser auditada por el organismo fiscalizador del Estado.
Recordó que la corporación ha sido beneficiaria de diversos contratos de prestación de servicios que ni siquiera han pasado por una licitación. Y consideró inadmisible que el organismo tenga una deuda multimillonaria con el Issemym.
“No se sabe si es ente público o privado, pero presta servicios a la iniciativa privada y a las instituciones públicas”, dijo. Su forma irregular, planteó, representa un nivel de riesgo de alto a muy grave porque su razón de ser no es combatir el delito sino proteger a quienes contratan sus servicios.
El legislador promovió un punto de acuerdo para llamar a los titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno, para que en un plazo no mayor a 30 días den cumplimiento a la recomendación 98/2019 de la CNDH, en el sentido de emitir el Manual Interno de Operación que contenga las normas operativas, administrativas y en general especifique sus actividades
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