Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo denunciaron que en los últimos tres años, los grupos dedicados a la tala clandestina ya devastaron 5 mil hectáreas de bosque del municipio de Ocuilan, por lo que exigieron al gobierno federal instalar una base de la Guardia Nacional en la zona.
Los lugareños indicaron que la tala clandestina deja a quienes incurren en ella más de 3 millones de pesos a la semana, por lo que se ha convertido en un atractivo de ingreso para los jóvenes.
Diariamente, expusieron, más de 400 árboles de la especie oyamel y pino son cortados del bosque de Ocuilan y llevados a aserraderos del Estado de México, sin que hasta el momento ninguna autoridad tanto estatal como federal quiera hacer frente a estos grupos que están acabando con uno de los pulmones más importantes de la zona.
Acusaron que San Juan Atzingo se encuentra secuestrado por talamontes, quienes adicionalmente atentan contra la seguridad de los turistas y peregrinos que viajan por la carretera Santa Martha-Cuernavaca.
Pese a las denuncias del pueblo indígena, indicaron, el Gobierno del Estado de México sigue pasivo frente a estos grupos delictivos que están dejando sin árboles y sin fuentes de agua a la comunidad.
También acusaron a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 9 con sede en Toluca, Araceli Cubillas Melgarejo, de beneficiar a Saúl Peñaloza, quien desde hace 35 años se ostenta como representante de la comunidad pese a que el 20 de julio del 2007 el mismo tribunal entregó al pueblo Tlahuica 18 mil 854 hectáreas, para concretar el despojo de sus tierras par que sean devastadas por los talamontes.
“El Tribunal Unitario agrario se niega a respetar los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, documento que avala y reconoce la paleografía que declara la autenticidad y el dictamen jurídico para el reconocimiento de tierras a nuestra comunidad indígena”, concluyeron.
Por estas razones, exhortaron al gobierno federal a incorporarlos al programa de Sembrando Vida e hicieron un llamado al Gobierno del Estado de México para aplicar todo el peso de la ley sobre estos grupos que tienen cooptado al municipio y a la comunidad Tlahuica.