Decenas de familiares de personas privadas de su libertad marcharon hasta las afueras del penal de Chiconautla, ubicado en el municipio de Ecatepec, para exigir que sean regresados a este centro preventivo los internos Alberto Vázquez Guzmán, Jorge Iván Contreras Ruíz, José Reynaldo Vences López, José Eduardo Maldonado Esqueda, Jorge Luis España Castellanos y César Antonio Arriaga Gutiérrez, quienes en días pasados fueron transferidos a otras cárceles en represalia por el activismo y denuncias de anomalías realizadas por la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH).
José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización, señaló que los traslados fueron fraguados desde los cargos directivos para conservar la estructura de corrupción, barbarie, tortura, extorsión, agresiones con armas blancas y asesinatos al interior de los penales.
“La estructura de corrupción en el sistema penitenciario es piramidal, los responsables directos son el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis; el subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel; y el director general de los penales, Jaime Echartea Mojica”, indicó la organización, que también involucró a los directores de los penales: Bertín Arellano Gómez, de Chiconautla; Dalmasio Becerril Tapia, de Chalco; Verónica Jiménez Moreno, de Neza-Bordo; Norma Denisse Rodríguez Pérez, de Barrientos, Julio César Partida Cigala, de Santiaguito; Merli Ingri Cuellar Romero, de Tenancingo Sur; Paula Gabriela Valdez Herrera, de Cuautitlán; Francisco Javier San Martín Flores, de Otumba; y Aida Rojas, de Texcoco.
Pérez Espinoza lamentó que su movimiento sea perseguido por el sistema, y sus integrantes hostigados y sancionados por denunciar anomalías y exigir la aplicación de beneficios como la libertad a través de la Ley de Amnistía del Estado de México, un instrumento promovido por PIDH; entre estas medidas de presión para acallar las denuncias, dijo, internos cuyas familias son parte de la asociación fueron trasladados a otros centros penitenciaros ubicados en municipios como Tenango del Valle, Almoloya de Juárez, Valle de Bravo, Neza-Bordo, Texcoco, entre otros, con lo que además les complican las visitas familiares, ponen en riesgo su salud (porque en los nuevos penales no atienden sus requerimientos, por ejemplo, de medicinas o alimentación específica) o integridad porque las celdas a las que llegaron son de sentenciados y no de procesados.
Esposas y madres de los PPL trasladados aseguran que nunca se les informó que su familiar sería enviado a otra cárcel, lo que es una situación irregular y contraria a los derechos humanos, por lo que también se entabló la queja correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
La principal demanda inmediata, dijeron, consiste en que “nuestros familiares sean retornados a la penitenciaría donde se ubicaban”.
“Persiguen a los esposos e hijos de las coordinadoras de PIDH; fueron trasladados, por venganza, a penales lejos de Ecatepec, sin ninguna justificación jurídica. Su único pecado ha sido denunciar la avalancha de irregularidades registradas todos los días al interior de las cárceles estatales”, manifestó Humbertus.
El activista consideró que las autoridades penitenciarias se sienten incómodas por los señalamientos diarios sobre diversas irregularidades mediante redes sociales. Entre las anomalías que la organización sacó a la luz, se encuentra el asesinato de Alexis Arriaga Gutiérrez, pese al que el director del penal, custodios y personal se mantiene en su cargo.