Mirándose unos a otros, murmurando sobre lo ocurrido y sin emitir opiniones, así despertaron los vecinos de San Cristóbal Huichochitlán, luego de que ayer un grupo de personas quemara dos unidades de la línea Temoayenses, una de las cuales arrolló a una menor que cayó de una motocicleta.
“No sabemos nada, sólo el alboroto que se armó ayer. La verdad es que yo no vi nada; pregúntele a la señora de la tortillería”, comentó Laura, vecina de la zona.
A diferencia de otros días, la seguridad fue constante sobre la calle 20 de noviembre, a lo largo de la que fueron apostados elementos de las policías estatal y municipal.
“Pues mire, nunca vemos tanta policía, y después de lo de ayer, ahora andan como si fuera desfile. Yo creo que más que por seguridad, lo hacen para agarrar a quienes quemaron las unidades”, refirió Carlos, vecino.
Por su parte, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, pidió la intervención de las autoridades de la Fiscalía del Estado de México para que, a través de las cámaras de videovigilancia, se dé con los responsables.
"Urge la aplicación enérgica de un estado de derecho, además de que tenemos varios medios de prueba que estamos conscientes de que se debe llevar bajo un procedimiento. Lo que también estamos pidiendo es que se agoten las diligencias correspondientes, la confianza en las autoridades de la fiscalía de seguridad municipal y estatal para que se hagan las indagatorias correspondientes, y por otro lado, prestar el servicio sin que haya represalias".
Finalmente, dijo que cada unidad quemada tiene un costo de dos millones de pesos. A una empresa, comprar un camión nuevo le lleva más de siete años.
"Lo lamentable es que las unidades se adquieren mediante créditos o financiamientos, lo que encarece su costo; y son muchos años de trabajo, de esfuerzo de las familias, para que un par de jóvenes hayan terminado con este esfuerzo".