Obligada por resolución de la autoridad judicial, finalmente la Legislatura mexiquense se constituyó en Sección Instructora para dar paso a la demanda de juicio político contra el ex gobernador Alfredo del Mazo, diputados de la anterior Legislatura y el ex secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, por avalar que el poblado y el ejido de San Mateo Ixtacalco, que pertenecía al municipio de Cuautitlán Izcalli, se adhiriera a Cuautitlán México.
La decisión que afecta a 384 hectáreas fue avalada por los diputados locales en julio del 2021 e impugnada por el abogado Gerardo Fuentes, quien arguyó que el Congreso carece de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrió en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.
La Legislatura, sin embargo, desechó la solicitud de juicio político, y el denunciante tramitó un amparo, aludiendo que no fue escuchado por los diputados para tomar la determinación.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito amparó al quejoso, mandató seguir el trámite para la denuncia de juicio político y enviar la denuncia a la Sección Instructora para que determine si es procedente.
Después de apelarla en tribunales, los diputados agotaron todas las posibilidades y, a puerta cerrada, tuvieron que acatar el fallo, de manera que la Sección Instructora quedó integrada por el priista Elías Rescala, además presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los morenistas Luz María Hernández, Jezabel Delgado y Raúl Ponce, y la panista Martha Moya.
Esa instancia deberá determinar si la imputación es procedente o no, formular dictamen y notificar a la Legislatura para que resuelva si se continúa el procedimiento o se desecha la imputación.
De estimar que la denuncia cumple los requisitos legales, debe darle el trámite correspondiente.
Conforme a la ley, el juicio político puede iniciarse mientras los denunciados se encuentran en funciones o durante un año después de concluirlas, y resulta procedente cuando los actos u omisiones denunciados perjudiquen el interés público o causen perjuicio grave al Estado.