Como una propuesta meramente electorera califica Morena el planteamiento de que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) no sentenciadas puedan votar en los comicios de gobernador de 2023.
El diputado Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en el Congreso mexiquense, consideró que la decisión podría estar viciada, pues quien controla los penales es el gobierno estatal.
En tanto, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., considera correcta la medida, pero indicó que la Fiscalía Electoral tendría que dar mayores garantías para evitar coacción y compra del voto.
Juárez Rodríguez dijo que la decisión de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para que las PPL sin sentencia puedan votar en las elecciones de gobernador, debió tomar en cuenta al Congreso local, quien no debe ser excluido de esta discusión.
Desde su punto de vista, el hecho de que el sistema penitenciario sea controlado por el partido en el gobierno podría prestarse a la manipulación de los resultados, de manera que las PPL voten por quien se les indique, a cambio de ciertas consideraciones.
En todo caso, opinó, la preocupación debiera ser por la salvaguarda de los derechos humanos de las PPL, sobre todo de quienes no están sentenciados después de muchos años de reclusión, por evitar prácticas como la tortura, la fabricación de culpables, el cobro al interior del penal o el saqueo de dinero a los familiares.
Para el legislador, una determinación de esta naturaleza requiere del punto de vista de los diputados e incluso del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en colaboración con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), elabore y ponga en marcha el protocolo para este ejercicio. Además, indicó, "es algo que tiene que trabajarse y legislarse para evitar ambigüedades".
Ariel Juárez admitió que este ejercicio ya se puso en marcha en otras seis entidades del país, por lo que habría que conocer los resultados arrojados y el análisis del INE para determinar su viabilidad.
También indicó que ya se trabaja en una propuesta parlamentaria que garantice que su comisión no será de oropel, sólo para emitir recomendaciones, sino con facultades para revisar expedientes en aquellos casos que se presume que hay fabricación de culpables, errores de procedimiento y violación a los derechos humanos.
Por su parte, Pérez Espinoza consideró que la medida es correcta, un logro para los internos, quienes tendrían la posibilidad de elegir, pero advirtió sobre la necesidad de ser muy cuidadosos para evitar la coacción del voto, y allí la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendría que dar mayores garantías.
A pesar de que las personas privadas de su libertad estén acusadas de algún delito, dijo, se encuentran en condición de vulnerabilidad y la Fiscalía Electoral tendría la obligación de establecer mayores mecanismos de cuidado para denunciar cualquier situación de compra de votos y de coacción, aunque por los resultados sería muy evidente la manipulación. Si la coacción no existiera, consideró que claramente el voto mayoritario será contra el sistema, contra quien gobierna.