La Legislatura mexiquense solicitó al Poder Judicial del Estado de México detalles sobre las amnistías solicitadas y concedidas desde la entrada en vigor de la ley estatal en la materia, fundamentalmente en favor de personas campesinas e indígenas, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informe sobre las peticiones a las que ha dado trámite.
La diputada pevemista Claudia Desiree Morales expuso que información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) revela que durante 2021 se presentaron más de 5 mil solicitudes de amnistía, de las que 2 mil alcanzaron la preliberación, pero sólo 36 la liberación.
Estas cifras, consideró, hablan de falta de celeridad por parte de las autoridades para atenderlas, y de falta de claridad en el procedimiento y los requisitos que deben cumplir, lo que mantiene en la desesperación a las familias que solicitan la intervención del Poder Legislativo en estos casos.
De entre todas las solicitudes, destacó la necesidad de priorizar las de los pueblos indígenas y campesinos, al tratarse de sectores históricamente marginados del acceso a la justicia.
En este entendido, promovió un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que fue avalado, de tal manera que la Legislatura mexiquense pidió al Poder Judicial de la entidad informe sobre el número de solicitudes de aplicación de amnistía, el estatus de cada petición, las personas beneficiadas, lugar de origen y por delitos imputados a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios, comunidades indígenas o afro mexicanas.
Además, debe detallar los casos en que las acusaciones se realizaron por defender tierras, recursos naturales, bosques, y/o usos y costumbres; en cuáles se señalan procesos en los que no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, y/o no hayan sido auxiliados por un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua o cultura.
También debe precisar cuántos se encuentran en situación de pobreza extrema, o fueron detenidos y acusados por notoria inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.
De igual manera, los diputados solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) que informe sobre las solicitudes de aplicación de amnistía a las que ha dado trámite en los supuestos contemplados en la ley en la materia.