La Diputación Permanente del Congreso local declaró constitucional la lactancia materna como derecho a la alimentación y la nutrición desde la primera infancia, después de que la reforma fue validada por la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente.
El cambio fue promovido por las diputadas morenista Anais Burgos y sin partido Mónica Granillo, al considerar que elevar a rango constitucional el derecho a la lactancia materna protegerá ésta práctica como estrategia para mejorar la salud y prevenir la mortalidad infantil.
Actualmente, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida constituye solo 35.4% de la nutrición, por lo que las legisladoras consideraron necesario especificar en la Constitución que el derecho humano a la alimentación nutricionalmente adecuada en los infantes a través de una lactancia materna exclusiva sea una ponderación en todas las decisiones y actuaciones del Estado.
Así, el derecho a la lactancia materna será tutelado por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que además promoverá que las instituciones de salud y de educación realicen un trabajo conjunto e interinstitucional para que las mujeres, niñas y adolescentes se beneficien con el derecho a la alimentación y a la nutrición desde la primera infancia.
La declaratoria de aprobación destaca que la lactancia materna es piedra angular de la supervivencia y de la salud infantil porque proporciona nutrientes esenciales e insustituibles para el crecimiento y desarrollo del menor, al tiempo de que funciona como primera inmunización del lactante, por lo que es la mejor estrategia para mejorar la salud y prevenir la mortalidad infantil.
A partir de la reforma, los niños y las niñas tendrán derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; además, los ascendientes, tutores y custodios tendrán la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.