Comuneros de San Juan Coapanoaya en Ocayoacac denunciaron que elementos de las policías federal y estatal trasladados en unas 40 unidades, agentes del Ministerio Público (MP), notarios y trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con maquinaria tomaron desde esta mañana su territorio con miras a concretar las obras del tren interurbano México-Toluca, pese a la existencia de 4 amparos que ordenan la suspensión definitiva en la zona.
Manuel Hernández, presidente de los Bienes Comunales, informó que varias patrullas con elementos federales se instalaron a lo largo de la obra, desde medio kilómetro antes de Coapanoaya.
El comunero indicó que son entre 40 o 50 las unidades apostadas en la región, entre patrullas, camionetas, autobuses y maquinaria con la leyenda Geo Car, indicó, las unidades con elementos policiacos, personal operativo de la SCT (trabajadores, ingenieros y algunos directivos), y “al parecer también agentes del MP y notarios, como si quisieran fabricarnos delitos”.
Este operativo y los trabajos, indicó, violan cuatro amparos promovidos por los afectados y en los que se ordena la suspensión definitiva de la obra; el 1387/2007 es el más antiguo y concedió la suspensión desde hace 8 años, incluso antes de que se construyera en la zona; en conjunto, los amparos suspenden las obras a lo largo de casi 6 kilómetros.
Los comuneros aclararon que no están en contra de la obra, sino de que se haya afectado sus acuíferos, contaminado sus parajes y utilizado terrenos no considerados en el trazo original con obras de conexión de Telmex, CFE, Pemex y SCT.
“Colocaron una columna dentro del cauce natural de un río que pasa por las comunidades, ese río abastecía de agua a las colonias de varias comunidades para lavar su ropa, bañarse y lavar sus trastos; el flujo bajó y luego metieron el río en un canal y lo desviaron. Además contaminaron los parajes con material residuo, talaron árboles, desvanecieron cerros y pusieron planchas de cemento, todo fuera del derecho de vía”, dijo.
Por estas razones indicó que la comunidad está pidiendo el resarcimiento de daños ambientales en 115 hectáreas, el pago de afectaciones con la construcción de obras sociales como la restauración de la primaria y jardín de niños, la reparación de calles, introducción de agua potable, la rehabilitación de la casa de cultura, alumbrado público, la construcción de escuelas y un museo, etc., pues “hay muchas cosas que le hacen falta al municipio y a la comunidad”.
También se pide la indemnización por las tierras que no estaban en el trazo y de cualquier manera se utilizaron, que se estiman en 36 mil 600 metros cuadrados.
Los 167 comuneros afectados y más de 2 mil personas que integran la comunidad, dijo, demandamos el retiro de la fuerza pública de la comunidad, respeto a las suspensiones, cambio de interlocutores y la reinstalación de la mesa de diálogo, pues a mediados de noviembre “la SCT nos citó en una oficina de Naucalpan, y nos dijeron que no podían atender nuestras peticiones sociales ni de resarcimiento de daños, se levantaron de la mesa, se fueron y nos dejaron allí”.
Los afectados tampoco quieren tratar con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Federal (Segob) Ricardo Peralta Sauceda; Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal; la alcaldesa morenista de Ocoyoacac, Anallely Olivares; ni con funcionarios como Sonia Salazar y Jorge Sánchez Arellano, por considerar que no han sido sensibles con el caso.
En el mismo caso se encuentra el jurídico Desarrollo Ferroviario Multimodal de la SCT, Miguel Ferrusquilla Calzada, se ha portado de forma prepotente, grosera y con insolencia les ha dicho que con todo y los amparos pueden trabajar porque nada se los impide.
“No somos gente violenta. Respetamos la ley, pero la autoridad no la respeta. Estamos abiertos al diálogo, pero parece que su interés es terminar la obra violentando derecho”, añadió.