La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pidió al juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla cancelar la “audiencia inicial para la formulación de imputación sin detenido en contra de Paulo Díez Gargari”, la cual se celebraría este jueves con el propósito de realizar cargos al abogado por la toma simbólica del Viaducto Elevado Bicentenario el 30 de septiembre de 2020 para exigir que la autopista construida por OHL (hoy Aleatica) sea recuperada por el Estado mexicano debido a que uno de sus tramos ocupa bienes nacionales (la carretera México-Querétaro) sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Paulo Díez, representante legal de la empresa Infraiber, advirtió que a la fecha desconoce la carpeta de investigación, pues no ha tenido acceso a ella, y alertó sobre la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva y se le vincule a proceso como una estrategia para evitar que siga develando presuntos actos de corrupción de Aleatica (una empresa del fondo IFM Investors) y para bloquear su exigencia de reintegrar el Viaducto al patrimonio nacional por incurrir en aquella anomalía.
“Por unas supuestas causas de fuerza mayor que no identifica, la @FiscaliaEdomex solicitó al juez cancelar la farsa criminal que estaba programada para mañana (24 de agosto). Esto no es serio. Estos tipos nos deben una explicación”, refirió el abogado a través de su cuenta de Twitter.
¡Gracias México! Por unas supuestas causas de fuerza mayor que no identifica, la @FiscaliaEdomex solicitó al juez cancelar la farsa criminal que estaba programada para mañana. Esto no es serio. Estos tipos nos deben una explicación. Va documento. @lopezobrador_ pic.twitter.com/wYXbpsCz7P
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) August 23, 2021
La solicitud de cancelación de la diligencia, remitida al juzgador por los agentes del Ministerio Público, Josué Hernández Montes de Oca y Nayeli Castrejón González, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, no especifica si la anulación también aplica al expediente abierto en contra del abogado Díez Gargari, apenas refiere que la audiencia debe darse de baja del Sistema de Gestión Judicial Penal.
Paulo Díez advirtió que, con esta imputación, la Fiscalía mexiquense “se está prestando a favorecer a la empresa” y alertó que la intención de fondo es amedrentarlo y silenciarlo, en virtud de que ha denunciado diversas irregularidades en la concesiones otorgadas a Aleatica, entre ellas el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, ambas en el Estado de México.
El representante legal de Infraiber también dejó en claro que las autoridades no lograrán acallarlo.
En el caso del Viaducto, Díez Gargari señala que el gobierno federal no ha suscrito convenio, contrato, acuerdo, permiso, autorización o licencia en favor del gobierno del Estado de México que le dé el derecho a otorgar en concesión la construcción, operación, explotación y mantenimiento de esta autopista en dos tramos del Periférico Manuel Ávila Camacho, desde el Toreo de Cuatro Caminos a Valle Dorado en Tlalnepantla.
Sobre estos bienes de propiedad federal fue edificado parte del Viaducto, y la legislación vigente establece que quien sin haber obtenido concesión o permiso de la SCT opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá, en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas.
También configura como delito que se sanciona con prisión de dos a 12 años, el uso, aprovechamiento o explotación de un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente la concesión correspondiente.