La Legislatura mexiquense facultó a los agentes del Ministerio Público para solicitar información sobre quienes se encuentren en calidad de acreedores alimentarios, tanto al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), como a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, con lo que se facilitará la integración de las carpetas de investigación correspondientes por incumplimiento de obligaciones.
El morenista Juan Pablo Villagómez, promotor de la iniciativa, confió en que la reforma al párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México facilitará las indagatorias penales, la sanción a los infractores y, en su defecto, el cumplimiento de obligaciones.
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El dictamen indica que existe un alto índice de incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias y que los deudores alimentarios que incumplen sus obligaciones causa grandes daños a los acreedores, al no recibir los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas, lo que puede afectar su alimentación e, incluso, ocasionarles la muerte, sobre todo en casos de personas con discapacidad y pertenecientes a grupos vulnerables.
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Por el contrario, cuando se cumplen adecuadamente las obligaciones alimentarias, resulta factible que aumente la calidad de vida de los beneficiarios, al tener resueltas sus necesidades básicas, ya que la pensión alimenticia no es solamente un acto de generosidad, sino la forma de proteger a las personas que dependen de otras, ya sea por su edad, condición física o cualquier otra que les impida satisfacer sus necesidades por cuenta propia.
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“Más allá de ser una obligación jurídica, es también una forma de solidaridad humana que impone la obligación de ayudar al necesitado; máxime cuando quien la reclama es algún miembro de la familia. Es bajo ese supuesto que la ayuda se torna exigible, siendo jurídicamente obligado aquel a quien le revista la calidad de deudor alimentario”, explica la reforma.