El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado de México propuso reformar las leyes de Responsabilidades Administrativas y de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, con el objetivo de fortalecer a la Codhem al tipificar como “desacato” la falta de respuesta o el incumplimiento de las recomendaciones que emita.
La diputada Ruth Salinas, autora de la iniciativa, recordó que corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa sancionar las faltas administrativas graves o no graves cometidas por servidores públicos. Entre las consideradas graves se encuentra el desacato, el cual puede sancionarse con suspensión temporal sin goce de sueldo, destitución del cargo o sanciones económicas.
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Según la Ley de Responsabilidades Administrativas, se incurre en desacato cuando una autoridad o servidor público entrega información falsa, no responde en tiempo o retrasa deliberadamente la entrega de información solicitada, incluso después de haber sido sujeto a medidas de apremio.
La propuesta de Movimiento Ciudadano amplía esta definición para incluir como desacato aquellas acciones u omisiones en las que funcionarios públicos no acepten o no cumplan una recomendación de la Codhem sin justificación válida, o bien la acepten y no la ejecuten.
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Actualmente, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no son vinculantes. Las autoridades pueden negarse a cumplirlas, siempre que justifiquen su decisión por escrito y la hagan pública, sin mayores consecuencias.
La propuesta plantea que esta justificación de negativa deberá presentarse en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la notificación. De no hacerlo o no cumplir con la recomendación sin causa justificada, se incurrirá en desacato.
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Durante su intervención, la legisladora señaló que la Codhem cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus funciones —tan sólo en 2024 recibió un presupuesto de 289 millones de pesos—, por lo que resulta necesario robustecer su marco normativo para garantizar que sus recomendaciones sean atendidas y beneficien a más personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Salinas advirtió que desatender estas recomendaciones contribuye a la persistencia de violaciones a derechos humanos, impide la reparación del daño a las víctimas y envía un mensaje de impunidad a quienes cometen abusos administrativos.
Aclaró que el objetivo de las reformas no es convertir en vinculantes las recomendaciones, sino dotar a la Codhem de herramientas efectivas para exigir su cumplimiento, combatir la impunidad y actuar como contrapeso frente a abusos de poder.
La iniciativa fue turnada a comisiones unidas para su análisis y dictamen.