El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura local propuso facultar a los gobiernos estatal y municipales para imponer sanciones de amonestación y multa, en caso de reincidir hasta por una ocasión, que vaya de los 435 a los 870 pesos, o trabajo comunitario para quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos.
La diputada Karla Fiesco recordó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la recomendación general 2/2020 dirigida a los tres Poderes, 125 ayuntamientos y organismos públicos autónomos, pronunciándose sobre el uso obligatorio de cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente al virus SARS-CoV-2. Este instrumento, dijo, derivó de los estudios realizados por el organismo, determinando que diversas autoridades han vulnerado derechos humanos ante la negativa al uso de cubrebocas y la falta de acciones para su instrumentación, violentando el derecho a la salud por el peligro de contagio.
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El documento también refiere que se debe emitir “el instrumento jurídico idóneo mediante el cual se faculte a las autoridades municipales para verificar el cumplimiento de la medida de prevención y contención del COVID-19, delimitando las relativas a la aplicación de sanciones en caso de inobservancia bajo la estricta necesidad, proporcionalidad y legalidad”. Por tanto, propuso otorgar al Gobierno estatal y a los municipales atribuciones para instaurar el uso obligatorio del cubrebocas e implementar sanciones de amonestación y, en caso de reincidir hasta por una ocasión, de multa que vaya de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de cometer la infracción (de 435 a 870 pesos), o de trabajos en favor de la comunidad.
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Con las reformas, el Ejecutivo tendrá la obligación de distribuir de forma gratuita entre la población mexiquense cubrebocas, protectores faciales o mascarillas, de difundir información sobre la importancia de su portación, estableciendo su uso obligatorio en los espacios y transporte públicos y establecimientos comerciales. De igual forma, deberá capacitar a los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y contención, con el fin de actuar de forma responsable y apegados al marco legal.
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La propuesta de reforma al Código Administrativo del Estado de México y Municipios y a la Ley Orgánica Municipal fue remitida a las comisiones correspondientes para su estudio; sin embargo, apenas hace unas semanas, por propuesta de Morena, el Congreso mexiquense exhortó a las autoridades municipales a abstenerse de implementar sanciones para evitar excesos y abusos.