El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México para otorgar el reconocimiento jurídico a la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, con el fin de brindar certeza a los cuerpos de seguridad en materia de ciberseguridad, pues hasta ahora operan sin un respaldo legal y cada vez es más importante y necesaria su labor, ante el creciente uso de internet y también de su empleo con fines ilícitos.
El diputado Reneé Rodríguez, promotor de la reforma, recordó que “en 2015 se pretendió hacer funcionar una Unidad de Policía Cibernética sin éxito, ya que en la actualidad no existe y no tiene operación”. Para corroborar que la corporación no funciona, dijo, basta con ingresar en la plataforma. Con el afán de garantizar un servicio constante, consideró, es necesario establecer en la norma la existencia de la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, “es decir, sacarla del hecho y pasarla al derecho”.
El legislador señaló que “en México no existe una política pública de estrategia digital que incluya temas de ciberseguridad, donde el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir e investigar tenga un marco legal de referencia, por lo que muchos actos ilícitos en el ciberespacio quedan impunes”.
Rodríguez Yánez destacó que estimaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) prevén que, a causa de la pandemia de COVID-19, el fraude cibernético podría incrementarse hasta en 50% con relación al año anterior. En 2020, indicó, podría alcanzar 16 mil millones de pesos en pérdidas: “Este problema requiere atención inmediata, ya que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años. En el 2017, el fraude cibernético ocasionó pérdidas por 6 200 millones de pesos; estas aumentaron en 2018 hasta llegar a los 9 517 millones de pesos. En 2019, la cifra cerró en 11 171 millones de pesos en fraudes, equivalentes al presupuesto del estado de Colima para 2020”, alertó.
El panista advirtió que las afectaciones pueden alcanzar de manera directa a las niñas, niños y adolescentes, ya que de los 40 millones de infantes en nuestro país, 12 millones tienen acceso a internet “y representan una población altamente vulnerable”. La ciberseguridad, añadió, es una materia que se debe garantizar a la ciudadanía en general, la iniciativa privada y la administración pública.
La propuesta fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.