Ante el incremento de llamadas de auxilio y casos de violencia intrafamiliar durante la etapa de aislamiento social por el COVID-19, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso aumentar las penas para esta conducta durante periodos de confinamiento, de tal manera que los agresores alcancen sanciones de hasta 10.5 años de prisión.
Para la Organización Mundial de la Salud, violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
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En México, la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 43.9% de las mujeres mexicanas ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. No obstante, ONU Mujeres advierte que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales, como la ocasionada actualmente por el virus SARS-CoV-2, ponen a las mujeres y niñas en un mayor riesgo de violencia.
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La Organización destaca que las actuales medidas de aislamiento social y restricción de movimiento dictadas por las autoridades para hacer frente a la pandemia, han acarreado mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo que puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito doméstico, e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes de apoyo.
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También favorece un incremento en las agresiones para intimidarlas o degradarlas a través de internet, al aumentar la utilización de medios virtuales como una alternativa ante la restricción de movimiento, y el aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, quienes pueden ser vulnerados en sus derechos a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, y hay mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró, durante los primeros cuatro meses del presente año, 15 209 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer en el Estado de México, tales como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar; es decir, cada día 127 mujeres mexiquenses solicitaron ayuda al verse involucradas en alguna situación de violencia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por su parte, registró 2 980 casos de violencia familiar en la entidad durante los primeros cuatro meses del año; 79% más respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1 668 casos.
Para los diputados del PAN, resulta necesario modificar el ordenamiento jurídico de la entidad, a fin de que se proteja, garantice integralmente y plenamente el derecho de las mujeres y las familias a una vida libre de violencia. Por esta razón, la iniciativa remitida este martes a las comisiones unidas, vía la Diputación Permanente, propone aumentar la penalidad actual, con el fin de sancionar hasta con 10.5 años de prisión el delito de violencia familiar cometido durante algún confinamiento impuesto por las autoridades a causa de alguna fuerza mayor, contingencia o emergencia sanitaria.
Además establece que cuando las conductas de violencia familiar sean realizadas por personas que tienen medidas de restricción impuestas por las autoridades o infrinjan las medidas de protección otorgadas a las víctimas, dichas acciones se castiguen hasta con ocho años de prisión, de 200 a 600 días de multa y sean sometidos a tratamiento psicológico especializado.