La Asociación Civil Fuera del Clóset se pronunció en contra de que la oferta del Congreso mexiquense para desahogar los matrimonios igualitarios en el actual periodo ordinario de sesiones tenga como finalidad disuadir la protesta de la comunidad LGBTTTIQ+ en las calles, y de cualquier intención de realizar foros de discusión y consulta para alargar la dictaminación y votación en el pleno.
“El enojo y la profunda decepción que hoy sentimos en contra de los representantes populares no se resuelven con promesas falsas, tácticas dilatorias o reuniones sin sentido. No confiamos en las declaraciones que desde las curules se emiten hasta que no existan resultados concretos”, advirtió la organización.
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Acusó que los diputados locales se han negado a modificar la normativa, avalando y perpetuando la discriminación hacia las personas por su orientación sexual. “Exigen que activistas cabildeemos con otros partidos y asumamos con servilismo las migajas que nos ofrecen a cambio de una fotografía”, planteó.
Señaló que una y otra vez la Legislatura mexiquense, particularmente la Junta de Coordinación Política, “bajo excusas exiguas, ha dado cátedra de lastimosa hipocresía, doble moral y argumentos ramplones para detener la dictaminación y votación ante el pleno de las tres iniciativas actuales sobre el tema”.
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Por ello, exigió a las comisiones de Gobernación, Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género emitir el dictamen correspondiente sin mayor dilación.
También demandaron a los coordinadores parlamentarios: Maurilio Hernández de Morena, Elías Rescala del Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Vargas de Acción Nacional (PAN), María Luisa Mendoza del Partido Verde (PVEM), Sergio García del del Trabajo (PT) y Martín Zepeda de Movimiento Ciudadano (MC) impulsar la reforma no como una concesión, sino como una obligación ciudadana, de manera que se apruebe antes de finalizar el año.
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De otra manera, reconocieron que la coyuntura política-electoral para renovar la gubernatura relegará la discusión y aval, a pesar de que las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) plantean que en el Estado de México viven, por lo menos, 550 mil personas que abiertamente se reconocen como parte de la diversidad sexual.
Consideraron que hasta ahora los diputados locales han sido adalides (guías) de la homofobia en la entidad, por su resistencia a reconocer éste derecho, a pesar de que hace siete años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional cualquier Código Civil del país que considere el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer con el fin de la procreación.