La Legislatura del Estado de México aprobó la denominada "Ley Ingrid" para sancionar con entre 3 y 6 años de prisión la filtración y publicación de imágenes de cadáveres y de documentos relacionados con cualquier investigación judicial, mientras que la pena irá de 9 a 11 años cuando las víctimas sean niñas, adolescentes y mujeres, y estén involucrados servidores públicos.
La reforma al Código Penal estatal responde al crimen de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes fueron circuladas de forma pública, con lo que se le revictimizó y revivió el dolor en sus familiares. Estos hechos dieron lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y en otras seis entidades del país.
De esta manera, la modificación al artículo 227 Bis contempla sancionar con entre 3 y 6 años de prisión y multa de entre 50 y 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al que que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Te puede interesar: Feministas explotan en furia por caso de Ingrid Escamilla
Cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad, es decir, podrán alcanzar hasta nueve años.
Además, se considera como agravante para llevar la pena a 11 años de cárcel, cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
La reforma integra cuatro iniciativas, dos de Morena, una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otra del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Te puede interesar: Hasta que la dignidad se haga costumbre, se suma Toluca a protestas por Ingrid
La perredista Araceli Casasola confió en que el cambio evitará la revictimización de las mujeres violentadas y garantizará el derecho a la dignidad de la persona; la morenista Beatriz García dijo que ya no podrá lucrarse con la dignidad de las víctimas y sus familias, pues quienes cometan este delito podrán ser sancionados; e hizo votos porque las autoridades encargadas de aplicar esta ley lo hagan correctamente.
“La revictimización no puede volverse costumbre, y (nosotros) ser solo espectadores de lo que se comparte y difunde, se expone o se envía en cualquier medio, principalmente a través de páginas amarillistas, redes sociales, audios, imágenes y videos de cualquier mujer que ha perdido la vida como víctima de un homicidio o feminicidio. Resulta peor aún cuando cualquiera de estas acciones son cometidas de manera reiterada por personas servidoras públicas de las diferentes instituciones de procuración y administración de justicia”, consideró García Villegas.
La adición, expuso, además incorpora agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituye una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito; fortalece la protección legal a los derechos de las víctimas; y combate la violencia mediática de género.