La Legislatura mexiquense aprobó en comisiones unidas el paquete de iniciativas Spotlight para combatir violencia de género en la entidad.
No obstante, el diputado morenista Ariel Juárez advierte que las reformas no se acompañaron del estudio financiero correspondiente, que se aprobaron al vapor por la prisa de uno de los promotores (no precisó, pero se infiere que se refería a su compañera Karina Labastida), y que no se incluyeron 17 ordenamientos originalmente previstos.
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En tanto, su correligionaria Carmen de la Rosa destacó la necesidad de garantizar los presupuestos necesarios para su operación.
La reforma prevé cambios en 11 normas, con el objetivo de proteger los derechos de la infancia, las adolescentes y las mujeres, y fue construida de la mano de especialistas de la Unión Europea y de ONU Mujeres, con la participación de los Ejecutivos estatal y federal, el Poder Judicial del Estado de México y la sociedad civil organizada.
Durante la presentación, Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), admitió que el entramado jurídico podría quedar limitado para combatir la gravedad del flagelo, pero refleja la preocupación y la ocupación de los congresistas para garantizar seguridad a niñas, adolescentes y mujeres.
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La reforma modifica 42 artículos de leyes como la Orgánica de la Fiscalía, la del Poder Judicial, de Movilidad, de Responsabilidad Patrimonial, de Atención a Víctimas, de Seguridad, de Prevención de la Delincuencia, para prevenir y atender acoso escolar, de creación del CEDIPIEM, entre otras.
Hernández González admitió que todavía se debe atender la parte presupuestal para alcanzar los objetivos, y comprometió que los diputados están en disposición de asignar los recursos porque la causa es global y la problemática debe resolverse.
Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres, destacó que los Estados tienen la obligación de prevenir, evitar la revictimización y garantizar justicia; indicó que los estudios revelan que se necesitarán al menos 286 años para eliminar todas las leyes que discrimina a las mujeres en el mundo.
Refirió que la violencia de género tiene causas estructurales, que sólo 25% de los crímenes de mujeres se investigan como feminicidios, lo que es insuficiente para acatar el ordenamiento de realizar investigaciones con perspectiva de género, y que 78.7% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en México.
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Por eso, expuso, Spotlight decidió, entre otras acciones, acompañar a los congresos locales para diagnosticar sus leyes y proponer modificaciones, pero el camino no termina con la expedición de los nuevos marcos jurídicos, pues si bien el trabajo normativo es central, la transformación debe concluir en el trabajo de todas las instituciones.
En este entendido, llamó al camino comprometido para la implementación, con la coordinación de los Poderes del Estado, la dotación de presupuesto e infraestructura, y la agilización de los procesos judiciales.
Karina Labastida, presidenta de la Comisión de Seguimiento para las Alertas de Violencia de Género, por su parte, aclaró que el trabajo no se encuentra acabado, y que éste sólo se considerará tal cuando ninguna madre busque a su hija, no haya más desaparecidas ni orfandad por feminicidios, ni mujeres que vivan con miedo.
Finalmente, enlistó entre las nuevas disposiciones que aún deben ser ratificadas por el pleno, el monitoreo y la verificación para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la implementación de protocolos contra el acoso en instituciones educativas, el uso de tecnologías en transporte público para prevenir las desapariciones, el inicio de oficio y sin demora de las carpetas de investigación, la prohibición para desanimar a las víctimas de presentar su denuncia, la capacitación sistemática de autoridades en materia de derechos de las mujeres, entre otras.