Xóchitl Flores, alcaldesa electa de Chimalhuacán, denunció que Jesús Tolentino Román, presidente municipal saliente, realiza la sindicalización masiva de operadores antorchistas y familiares, en complicidad con el líder sindical local, Jesús Zúñiga, por lo que prevé que a partir de enero de 2022, la nómina presente un incremento del 20% al que registra en la actualidad.
Explicó que en dos meses, el Ayuntamiento de Chimalhuacán ha realizado la sindicalización de 430 trabajadores, en su mayoría presuntos operadores políticos de Antorcha Popular y del actual alcalde, así como o parientes de estos (los antorchistas) y del líder sindical local, Jesús Zúñiga Ramírez.
Hasta antes de la elección del 6 de junio, refirió Flores, el gobierno de Chimalhuacán contaba con 576 trabajadores sindicalizados, sin embargo, de la primera quincena de junio a la primera quincena de agosto se incrementó el número de trabajadores sindicalizados, con sueldos de entre 9 y más de 10 mil pesos mensuales, y lo mismo ocurrió con alrededor de cien casos más en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado (ODAPAS), “como resultado de la complicidad entre el alcalde Jesús Tolentino Román y el líder sindical local, Jesús Zúñiga Ramírez”, se refirió.
Entre las personas que fueron ingresadas a nómina como nuevos sindicalizados, dijo la alcaldesa electa, se encuentran Juan José Covarrubias Carmona, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chimalhuacán, con un sueldo de más de 8 mil pesos; Claudia Angélica Gómez Canseco, cuñada de Jesús Zúñiga; y Daniel Zúñiga Ramírez, hermano del líder sindical.
Detalló que los nuevos sindicalizados son, además, en su mayoría, personal de confianza, funcionarios leales a Antorcha, que hoy tienen cargos de jefes de departamento; también el secretario técnico del Gabinete, Inocencio Ibarra Piña, y su esposa, María del Rosario Cheu Medrano, además del director de Asuntos Metropolitanos, Antonio Aquino García.
Flores advirtió que su gobierno hará una revisión puntual a la nómina y, si no se cumple con los procedimientos que establecen los propios estatutos del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM) y la legislación en la materia para realizar una alta ante el sindicato, se actuará en consecuencia para ejercer las acciones legales ante las instituciones correspondientes.
La presidenta municipal electa manifestó su respeto al derecho de asociación de los trabajadores, pero condenó las prácticas abusivas que realiza el gobierno antorchista, debido a que “estos pactos y acuerdos para realizar la sindicalización masiva son decisiones que pretenden dañar y lastimar el inicio de un buen gobierno municipal a partir del primero de enero de 2022”.
La morenista indicó que la sindicalización masiva incluso impactará el presupuesto anual 2021 que consta de más de 2 mil millones de pesos, pues tan sólo el capítulo 1000 de servicios personales pasará de 35.1 a 52%, al ir de 719.5 millones a mil 065 millones de pesos en salarios y prestaciones, sin contar el gasto heredado en deuda pública por 266.7 millones de pesos, lo que en conjunto significa un gasto de 65% del presupuesto anual.