El diputado Max Correa consideró "ridícula" la declaración del gobernador Alfredo del Mazo en el sentido de que aumentó la masa forestal de la entidad en su sexenio, cuando son constantes las denuncias por la tala clandestina que realizan grupos criminales.
En la presentación del Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de México 2022, el gobernador mexiquense afirmó que la masa forestal del estado aumentó más de 15 mil hectáreas, que más de 36 mil hectáreas se recuperaron e incorporaron a la superficie boscosa, y que se consiguió un incremento de seis por ciento de la superficie de vegetación forestal en los últimos cinco años.
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En el #Edoméx la superficie forestal ha aumentado más de 15,000 hectáreas y más de 36,000 se han recuperado e incorporado a la superficie arbolada. pic.twitter.com/wmM90W1xhh
— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) June 27, 2023
El legislador afirmó que el titular del Ejecutivo estatal “utiliza datos de dudosa procedencia para afirmar que la masa forestal aumentó, lo que es ridículo ante la evidencia de que todos los días se denuncia la actuación delictiva de estos grupos al talar nuestros bosques”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso mexiquense indicó que tan solo el pasado viernes los comuneros de Cahuacán, en Nicolás Romero, detuvieron, por sus propios medios, y presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) a un grupo de talamontes, debido a la inoperancia de las autoridades mexiquenses ante este tipo de ataques.
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Contrario al discurso oficial, el legislador morenista indicó que el incremento de la deforestación no controlada por parte de grupos delincuenciales tiene su respaldo en que muchas ocasiones están coludidos con funcionarios de gobiernos municipales y del estatal.
Ante ello, los ejidatarios, comuneros y campesinos se han visto en la necesidad de manifestarse con marchas e, incluso, con el cierre de vialidades para que las autoridades detengan la depredación de los bosques.
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El además dirigente de la Central Cardenista Campesina (CCC), recordó el caso de Jilotzingo, “donde gracias a la organización ciudadana se logró que un juez invalidara los permisos que autoridades municipales y del gobierno mexiquense otorgaron para construir miles de viviendas y derribar 200 mil árboles de un bosque de agua”.