Diputados de Morena denunciaron la intención del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por frenar la revocación de mandato y la consulta popular en el Estado de México, pues sigue realizando observaciones a la propuesta de reforma constitucional mandatada por el Congreso de la Unión, a pesar de que el tema se ha trabajado en foros, con alcaldes y funcionarios de gobierno durante más de dos años en la entidad.
Esta percepción se desprende de la reunión que sostuvieron integrantes de las comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana para analizar tres iniciativas promovidas por Morena con miras a atender el mandato de la Legislatura federal para que los Congresos locales adapten su marco jurídico con el federal en materia de participación ciudadana.
En dicho encuentro, diputadas del PRI y PVEM se pronunciaron por realizar diversas modificaciones a las propuestas, por lo que consideraron inconsistencias técnico-jurídicas, mientras el PAN pidió que la comisión consulte a la Secretaría de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México antes de dictaminar.
Por su parte, la priista Ivette Bernal Casique dijo que la redacción propuesta mezcla supuestos de la consulta popular y el referéndum, por lo cual se genera confusión y se falta a la certeza. La consulta popular, indicó, se imita a la solución de diferendos limítrofes y creación de municipios con sólo 15% de la lista nominal para que los resultados sean vinculatorios; además, indicó, invade atribuciones de la Legislatura como la facultada para decidir en ambos temas.
De igual manera, destacó que los porcentajes de participación requeridos a nivel local para que los resultados de los ejercicios sean obligatorios no están en proporción con los establecidos a nivel federal; en este último ámbito, las consultas populares y revocación de mandato exigen 40% de la lista nominal, pero la propuesta local plantea 18%.
Bernal Casique cuestionó, de igual manera, que la iniciativa morenista advierte que los temas excluidos se precisarán en la Ley de Participación Ciudadana, con lo que viola certeza jurídica porque no se contemplan en la Constitución local.
Por tanto, consideró que no existen las condiciones para dictaminar la iniciativa y pidió profundizar el contenido.
Derivado de estas posiciones, diputados de la bancada morenista llamaron a los demás grupos parlamentarios a manifestar voluntad política para aprobar las reformas que serán la base para obligar y regular, a través de una Ley de Participación Ciudadana, las figuras de revocación de mandato, consulta popular y referéndum.
La diputada Anais Burgos pidió hacer un esfuerzo por sacar adelante la iniciativa, pues es resultado de un ejercicio de parlamento abierto que inició en diciembre de 2018, donde se escuchó a ciudadanos, autoridades municipales, organizaciones civiles, académicos y a funcionarios del gobierno estatal que participaron en diversos foros.
“Me parece que hay una situación de no querer pasar esta iniciativa de ley que se ha trabajado tres años, hemos presentado otras iniciativas los distintos grupos y han avanzado, ¿por qué tener temor de darle a los ciudadanos un derecho que nos corresponde de poder participar en las decisiones públicas de nuestro estado?”, cuestionó.
Consideró que con la negativa y obstáculos se subestima el trabajo de casi tres años de las comisiones; alertó que si no se aprueba en este periodo, la Ley de Participación Ciudadana podría quedar en la congeladora y se quedaría a deber al pueblo mexiquense “porque durante tres años no fuimos capaces de conciliar estos ejercicios y mecanismos de participación ciudadana”.
Beatriz García, una de las promoventes, recordó que durante más de dos años se integraron diversas observaciones de los diputados; aún así, se dijo abierta para hacer nuevos ajustes.
Precisó que en las reformas planteadas se reconoce el derecho fundamental de la participación ciudadana, se garantiza que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tenga competencia para la organización y vigilancia de estos procesos de democracia directa, y de manera fundamental se reconoce el derecho de la ciudadanía para participar en procesos de revocación de mandato.
Su correligionaria, Elba Aldana, se pronunció porque las bancadas tengan un voto de voluntad política para dar voz al pueblo, y que no sólo sea una frase que siempre se desgasta en el pleno.
Su compañero Max Correa llamó a que incluyan las observaciones para concretar el dictamen final y no haya resquicio alguno de inconstitucional ideado, sino acciones viables, firmes e incuestionables; el también morenista Enrique Sepúlveda urgió a la dictaminar la propuesta antes de que concluya la actual Legislatura local, mientras Berenice Medrano pidió no posponer la aprobación, en respeto al trabajo de más de años de las bancadas, mediante foros en los distritos.
Al final del encuentro, el priista Juan Maccise, en su calidad de presidente de las comisiones unidas, pidió a los integrantes estar atentos al calendario fijado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y aclaró que esta reunión celebrada la tarde del jueves fue sólo de trabajo y no una sesión para dictaminar.