La Legislatura local no ha convocado a periodo extraordinario de sesiones, aun cuando la contingencia por COVID-19 obligó el cierre del periodo ordinario antes de tiempo. Varias sesiones no se celebraron y hay al menos 250 iniciativas pendientes.
El diputado Max Correa, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, reconoció que temas como la Ley estatal de Amnistía son urgentes, sobre todo ante la alta posibilidad de contagios por SARS-CoV-2 que los penales sobrepoblados representan.
Por ello, indicó que ya presentó un anteproyecto a su grupo parlamentario, Morena, integrado por un equipo de legisladores (además de Mariana Uribe, Liliana Gollas y Gerardo Ulloa) que este mismo miércoles podrían presentar la propuesta final de iniciativa ante el coordinador parlamentario para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) programe su ingreso a la Diputación Permanente, su remisión a comisiones y, de ser necesario, la convocatoria a periodo extraordinario, pues la Legislatura local ya puede sesionar a distancia.
La propuesta, explicó, fue construida con la participación de organizaciones defensoras de las garantías individuales, como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), y de víctimas, pues es necesario tomar en cuenta ambas caras de la moneda.
Correa Hernández anticipó que el texto contempla la posibilidad de agilizar la liberación de la población penitenciaria vulnerable (mayor de 65 años, con diabetes o hipertensión), mientras para el resto de los casos se integrará una comisión especial bajo responsabilidad legislativa, con la participación de los otros poderes y de las organizaciones civiles involucradas, que se encargará de los análisis individuales.
La Ley de Amnistía estatal, admitió, será más amplia que la federal, contemplará delitos del fuero común, pero también será cuidadosa para que el texto no dé pie a que se declare inconstitucional.
También incluirá los ilícitos que no deberían ser delitos, sino derechos, como el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y sobe el consumo médico o lúdico de cannabis, por ejemplo.
Debido a que, generalmente, se imputan delitos graves o de alto impacto a luchadores sociales, estos no serán excluidos del análisis, mientras el beneficio no procederá en caso de delitos de lesa humanidad o violentos.
Finalmente, aclaró que la amnistía de ninguna manera implicará que se evada la obligación de reparar el daño.