Una mujer oriunda del estado de Nuevo León intentó adoptar legalmente a su perro, “Octavio”, para que este pudiera tener sus apellidos y todos los derechos que posee cualquier hijo humano.
La mujer presentó un escrito de diligencias de Jurisdicción Voluntaria para adoptar legalmente a Octavio, pero el Juez Segundo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito de Nuevo León desechó su petición, argumentando que el Código Civil de la entidad y las leyes aplicables en México únicamente prevén la adopción de personas.
Ante la resolución, la mujer presentó un amparo que fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, quien, nuevamente, denegó la petición.
En su demanda, la quejosa argumentó que tiene el derecho de considerar a su perro Octavio como miembro de su familia y a que este sea protegido como tal, pese a que ya existen leyes que protegen a los animales, mismas que ella catalogó como insuficientes.
La mujer añadió que la decisión de desechar su petición para adoptar a su mascota transgrede su derecho al libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, el juez de amparo no le dio la razón, ya que la imposibilidad de adoptar a su perro no le impide tenerlo y cuidarlo como parte de su familia.
“La acción que pretende la quejosa de ninguna manera incide en el contenido prima facie de dicho derecho fundamental, pues, lo anterior no le impide ejercer el derecho a decidir sobre la posesión o no de la mascota”, señaló.
Finalmente, el juez enfatizó nuevamente que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección del derecho a la salud de sus gobernados a través del desarrollo de políticas públicas y controles de calidad de los servicios de salud, no así en la adopción legal de animales como si fueran personas.