El Acuerdo de Escazú entra en vigor este 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, tras un año violento para los defensores del medio ambiente.
Se trata del primer instrumento en América Latina y el Caribe jurídicamente vinculante que garantiza los derechos de las personas que defienden el medio ambiente.
Aunque el documento fue firmado por México en el 2018, durante la Administración de Enrique Peña Nieto, fue hasta el año pasado que el Senado lo ratificó.
El 22 de enero de 2021, los gobiernos de México y Argentina entregaron a la ONU sus respectivas ratificaciones, así que sumó los 12 países necesarios para que entrara en vigor hoy.
"El reto ahora es garantizar su pleno ejercicio, generar y asegurar los mecanismos para su adecuada exigibilidad y efectiva aplicación", apuntó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado.
Su entrada en vigor ocurre luego de que el 2020 fue considerado el año más violento para los defensores del medio ambiente.
Un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 90 agresiones contra ambientalistas el año pasado. Además, 18 defensores fueron asesinados.
"Si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevención y protección de las y los defensores ambientales, ratificando el Acuerdo de Escazú (...), la grave situación de violencia a la que se enfrentan evidencia las falencias y retos pendientes de superar", señaló la organización en un comunicado.
El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos medioambientales.
La Semarnat informó que se crearon tres subgrupos interinstitucionales para definir las acciones encaminadas a implementar el acuerdo en los tres derechos: de acceso a la información, de participación pública y de justicia.
También se creó el Grupo de Trabajo del Sector Ambiental para la implementación del acuerdo, que está integrado por personal de la dependencia y sus organismos, quienes deben desarrollar hojas de ruta y definir acciones, metas, responsabilidades y calendarios para cumplir las disposiciones de este instrumento. El nombre completo del documento es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.