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Así lo dio a conocer recientemente la organización Escazú Ahora, la cual argumentó que la persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos son el claro ejemplo de que las autoridades locales no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen la democracia y garantizan un futuro sostenible para Chile.

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