Seguridad pública no tolera simulaciones
La realidad vs el Poder Judicial
- El semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado de México suma más de cuatro meses en color naranja, por lo que las medidas sanitarias preventivas no deben relajarse. Siguen siendo las mismas, pero pareciera que en el transporte público, algunos han olvidado ya el uso obligatorio de cubrebocas, desde operadores, hasta pasajeros; no cumplen. Además, para mantener la sana distancia, el aforo debe ser limitado, pero en la realidad, se aprecian unidades llenas, sobre todo durante las horas pico, donde hasta personas de pie van aglomeradas. Las autoridades han dejado a conciencia el respeto de estas medidas, pero quizá en estos espacios, que son los de mayor riesgo de contagios, se deberían hacer esfuerzos para reforzar la vigilancia del cumplimiento de los protocolos.
- La delincuencia no cesa en el Edomex. Ni con los cambios en materia de seguridad del gabinete se ha logrado contener la ola de violencia que se vive, y para muestra, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales la mañana de este viernes en Naucalpan. ¿Qué se necesita para que se activen estrategias efectivas de seguridad en la entidad? Este es uno de los rubros que más preocupa a los mexiquenses, y que seguramente no mejorará en los próximos meses, ya que lo que se requiere es dejar la simulación de lado y comenzar a trabajar en acciones que realmente repercutan en la seguridad de los ciudadanos del Estado de México.
- Tras el reclamo de ONGs, colectivos y familiares de personas injustamente presas, quienes advirtieron que muchas anomalías se desprenden del hecho de que el nuevo sistema de justicia nunca se instaló, ni sus operadores se certificaron, Ricardo Sodi salió al paso para presumir que el Estado de México es séptimo en el ranking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal 2019. Aunque eso signifiquen cuatro posiciones más que en 2018 y 22 más que en 2014, tratándose de la segunda entidad con mayores recursos a nivel federal, sería de esperar que, al menos, se encontrara en el segundo sitio. Pero por encima de estas mediciones, está la realidad de entre 13 y 19 mil internos que arguyen detenciones arbitrarias, violaciones a sus derechos humanos, al debido proceso y carpetas fabricadas, por mencionar sólo algunas irregularidades.