Orbelín Rodríguez, propietario del rancho “Pinzanes”, aseguró que su propiedad fue asegurada de manera irregular por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el operativo Bastión en Luvianos, el pasado 28 de marzo. Ante esto, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez para que le sea restituido el inmueble y se repare el daño causado a su familia, argumentando que es producto de años de trabajo como constructor en Estados Unidos.
“Nos han criminalizado sin pruebas”
Rodríguez señaló que su familia ha sido víctima de criminalización por parte de la Fiscalía mexiquense, lo que ha generado señalamientos sin sustento en su contra y afectaciones psicológicas a su esposa e hijos menores de edad, al ser erróneamente vinculados con un grupo delictivo.
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Acompañado por la Defensoría de los Pueblos de Tierra Caliente, recordó que es la segunda vez en un año que fuerzas federales irrumpen en su propiedad. La primera ocurrió el 4 de abril de 2024, cuando personal de su rancho “La Cuchilla” (su nombre original) lo alertó sobre la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército dentro de su domicilio, sin orden de cateo.
Al llegar, relató que encontró camionetas oficiales cargadas con bolsas de objetos y a varios uniformados bajando maletas. Al verse descubiertos, los elementos abandonaron las bolsas en el camino y se retiraron sin dar explicaciones. Dentro de la casa, encontró un desorden total y notó la sustracción de aparatos electrónicos, perfumes y otros artículos personales.
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Ante estos hechos, presentó denuncias bajo los registros NIC TEJ/CJA/00/MP/184/00029/24/04 y NUC SUL/TEJ/CJA/8/098718/24/04, dirigidas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional. Sin embargo, afirmó que la denuncia permanece estancada.
Un cateo con inconsistencias
El 28 de marzo, a las 9:00 horas, Rodríguez recibió otra llamada de su peón, quien le informó que varios vehículos, elementos uniformados y sujetos encapuchados habían ingresado a su rancho. Al acudir, se le impidió el acceso y solo se le entregó una notificación rellenada a mano, con el logotipo de la FGJEM, firmada por Alfredo Ortíz Galindo, servidor público adscrito a la Agencia de Investigación Criminal.
El documento mencionaba la orden de cateo 767/25, la cual justificaba el aseguramiento del rancho bajo el argumento de un “delito flagrante”, señalando que se incautaron televisores, un reloj, una caja de gorras y muebles. Sin embargo, Rodríguez denunció que solo le entregaron tres de las 19 páginas de la orden judicial, lo que limita su derecho a la defensa.
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Además, cuestionó la rapidez con la que se autorizó el cateo, pues la solicitud del Ministerio Público se realizó el 26 de marzo a las 14:46 horas y fue aprobada solo dos horas después, a las 16:45 horas.
También señaló que la orden especificaba que el cateo tenía como único objetivo la búsqueda y aprehensión de una persona con varios alias, y que no debía implicar el aseguramiento del inmueble, algo que, según él, no se respetó.
Rodríguez insistió en que su propiedad fue asegurada sin justificación y que la detención de su rancho ha causado un grave daño a su familia. Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que revisen el caso y le devuelvan su hogar.