Denuncia amenazas de la Policía de Género
Noemí “N”, madre de Fernandito —el niño de 5 años que fue secuestrado y posteriormente asesinado, presuntamente por prestamistas— denunció haber recibido amenazas por parte de elementos de la Policía de Género de La Paz para que desistiera del caso y cambiara de defensa jurídica.
Su equipo legal adelantó que interpondrá una denuncia por estos hechos, así como otra por la omisión de autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense en el rescate oportuno del menor. Noemí anunció que retomará la representación legal del colectivo “Amor y Rabia”.
Traslado y presión para cambiar de abogado
En conferencia de prensa, acompañada por familiares y representantes de asociaciones civiles como Defensoría en Derechos Humanos y Liberty Childs, así como de su exabogada Fabiola Villa, narró que, antes de una audiencia el pasado lunes, fue trasladada junto con sus hermanos a los juzgados de Nezahualcóyotl.
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En el trayecto, uniformados le advirtieron que debía designar como abogado a un defensor del DIF Municipal, bajo amenaza de responsabilizarla de la muerte de su hijo por supuesta desatención. “Me dijeron que si no hacía lo que ellos decían, hasta yo podría ir a la cárcel”, relató.
Mensajes amenazantes y cambio forzado de defensa
Noemí aseguró que recibió mensajes de audio vía WhatsApp en los que la presionaban para abandonar el caso, advirtiendo que dañarían a sus hermanos. Por temor, cambió su chip y al reiniciar el teléfono, los mensajes se borraron.
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Previo a la segunda audiencia, solicitó la revocación de su abogada y aceptó la designación de un defensor del DIF Municipal, quien no pudo asumir el cargo por no portar su cédula profesional, por lo que fue asistida por una defensora de oficio.
Ruptura con la Policía de Género
Tras analizar lo sucedido, la familia decidió renunciar a la “asistencia” de la Policía de Género y recuperar la representación jurídica de “Amor y Rabia”, esta vez a cargo del abogado Alán Girón.
Los abogados anticiparon que denunciarán las amenazas de los uniformados y la omisión de autoridades municipales y de la Fiscalía mexiquense, ya que, según la carpeta de investigación, el 28 de julio —día de la sustracción del menor— la madre acudió a un módulo policial cercano, pero le indicaron que debía presentar una denuncia antes de intervenir.
Omisiones y falta de apoyo
Posteriormente, acudió al DIF Municipal, donde, afirmó, “no me hicieron caso”. El 31 de julio, en la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, le pidieron regresar el lunes por falta de Ministerio Público. Fue hasta el 4 de agosto cuando hubo intervención policial.
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La familia negó haber recibido apoyo de la gobernadora Delfina Gómez o del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como el acompañamiento psicológico, jurídico o médico que el ayuntamiento afirmó haber brindado. Solo se cubrieron los gastos funerarios.
Obstáculos tras denunciar negligencia
Fabiola Villa, exabogada de Noemí, señaló que desde que se mencionaron posibles omisiones gubernamentales, comenzaron las trabas: la Fiscalía no contesta llamadas, impiden designar abogados y Noemí ni siquiera fue convocada a la audiencia en que se vinculó a proceso a los presuntos responsables.
Dijo que su postura no es política, sino en defensa de las víctimas, y negó tener militancia partidista.
Temor a represalias
Finalmente, Noemí y su familia expresaron temor por posibles represalias de los familiares de los detenidos. Pese a haber solicitado medidas de protección, no han recibido respuesta.
“Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, son ellos, porque no tengo problemas con nadie”, advirtió Cecilia, hermana de Noemí.