Fue el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión en la mina 4 de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas atrapó a 65 mineros que trabajaban en ese momento.
En conferencia de prensa, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, dijo que los trabajos realizados han permitido acercarse hasta unos 50 centímetros de las galerías de la mina donde se presume están los cuerpos de los mineros desde el 3 de agosto de 2022.
De igual manera, el proyecto, elaborado por la organización CartoCrítica con base en fuentes oficiales y científicas, descubrió que de las 249 minas metálicas a lo largo del territorio nacional, existen 128 en acuíferos sin disponibilidad de agua, así como otras 27 ubicadas en áreas naturales protegidas.
Los heridos fueron enviados a un hospital en la municipalidad de Sawahlunto, situada en la zona central de la provincia, en la isla de Sumatra.
El estallido ocurrió el viernes a las 6:15 pm hora local. Según las autoridades fue una explosión de grisú, un gas incoloro, inodoro, inflamable y venenoso que suele hallarse entre las rocas de las minas de carbón.
De acuerdo con la dependencia, “el imputado presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, ubicado en la mina ‘El Pinabete’, de la Agujita, del municipio de Sabinas, Coahuila, donde el pasado tres de agosto quedaron atrapados 10 mineros”.
La mina de cobre Yauricocha está ubicada en la provincia limeña de Yauyos, a 2 mil 890 metros de altitud. Las operaciones de la mina se suspendieron temporalmente, señaló la empresa.
De acuerdo con la dependencia, el imputado, Cristian “S”, tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fijando el Juez de mérito una garantía de 500 mil pesos, sin que hasta este momento se haya depositado el monto, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente.
En conferencia informó que el nuevo plan de rescate fue presentado a las familias de los mineros, mismas que lo aceptaron.
La FGR puntualizó que se trata de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos de los artículos 8, 9 y 13 del Código Penal Federal.
